Armando.info: Un expediente es el único rastro de los botes desaparecidos en Falcón | Venezuela

Por Isayen Herrera
armando.info

Los familiares buscan, la Fiscalía pide datos, pero nadie da respuesta sobre dos embarcaciones que zarparon de las playas falconianas con rumbo a Curazao y desaparecieron con 51 personas a bordo entre 2019 y 2020. Un cuerpo recuperado, ni una estela de gasolina y muchas irregularidades se reseñan en el expediente del caso, pero no alcanza a revelar el misterio. La actividad de una banda local del crimen organizado que mantiene un pie en tierra firme y otro en las ex Antillas Neerlandesas, y los ecos de un operativo también previo e inusual de agentes de la policía científica, figuran entre los posibles motivos para que ninguna autoridad se muestre con ganas de resolver ambos casos. Entre tanto, el acarreo ilegal de migrantes continúa por mar, con ganancias para muchos y riesgos para unos pocos.

Mientras las miradas se concentran en la estrambótica política migratoria de Trinidad y Tobago hacia los venezolanos que llegan en bote a su territorio desde los vecinos estados Delta Amacuro o Sucre, la casa de Jhonny de Jesús Romero sigue de duelo casi al otro extremo de la costa del país. También por culpa de una migración forzada, que también navega en bote.

Han pasado 17 meses desde la última vez que vieron al muchacho llegar a esa casa donde, al apenas entrar, ahora irrumpe a la vista una gran ilustración de alguien arrullando una embarcación que surca el mar con personas a bordo. En sus brazos ese alguien lleva una inscripción: “Ayúdanos a encontrarlos”.

El dibujo es copia fiel de la última fotografía que se tomó a las 34 personas y al bote con que zarparon el 7 de junio de 2019 desde las costas del estado Falcón, a unos 400 kilómetros al occidente de Caracas, y de las que nunca más se supo. Es también el logo de la fundación que se dedica a  seguir las pistas de esa desaparición para descifrar qué ocurrió. En la casa paterna de Jhonny de Jesús la imagen permanece colgada junto a otra foto que lleva un marco con su nombre y la etiqueta #34FS, siglas que identifican el caso en las redes sociales y que corresponden a la matrícula de una de las tres embarcaciones desaparecidas en 2019 tras partir de costas venezolanos, al oriente y al occidente.

Las 34 personas desaparecidas fueron vistas por última vez, y capturadas en una fotografía, el 7 de junio de 2019 saliendo de la playa Punta de Aguide, en el estado Falcón.

La desaparición de los viajeros-migrantes irónicamente ha conseguido dejar al descubierto una trama tóxica que se alimenta de la desesperación de quienes quieren salir del país. Con respecto al trasiego de personas entre Falcón y las ex Antillas Neerlandesas, la trama incluye a las mafias que negocian cupos en lanchas para alejar a los migrantes de la crisis, posibles redes de trata de mujeres, traficantes de drogas y -por acción u omisión- a las propias autoridades del Estado.

Jhonny de Jesús Romero, entonces de 26 años de edad, estaba entre los 34 pasajeros desaparecidos en algún punto de la travesía entre Falcón y el ABC de las antiguas Antillas Neerlandesas -Aruba, Bonaire y Curazao, la última de las cuales era el destino de la expedición-, lo que la prensa ha dado en llamar el caso de La Vela de Coro, porque de allí eran oriundos la mayoría de los viajeros. La desgracia ocurrió luego de que en abril y mayo de 2019 zozobraran sendas embarcaciones llenas de migrantes que viajaban por la peligrosa Boca del Dragón desde las costas orientales de Venezuela con rumbo a la isla de Trinidad, y quizás por ello mereció menos atención.

Jhonny de Jesús Romero tenía tres años de regresar desde Colombia, a donde había migrado primero. Volvió a Falcón para renovar el pasaporte e irse de nuevo. Pero la crisis del papel moneda y de los servicios en Venezuela lo retuvieron en su tierra, pues no alcanzó a poner la documentación al día. Así quedó al alcance de su destino.

Mientras esperaba para regularizar su situación y viajar a Colombia, le ofrecieron la opción de ir a Curazao sin necesidad de pasaporte para trabajar como barbero. La opción lucía fácil. La isla parece estar a tiro de piedra de su casa y solo tenía que pagar 400 dólares a los traficantes, un dinero que, según le dijeron, recuperaría rápido con su trabajo en Curazao.

Su padre narra que se negó de inmediato a animar a su hijo en esa aventura, por la ilegalidad del viaje y lo temerario de la idea; en cambio, buscó disuadirlo. Sacó cuentas con él para calcular el costo de la vida en Curazao y cuánto podría percibir con su oficio como barbero. “Le decían que el dinero le iba a sobrar allá y yo le demostré con números que eso no era así, pero es la manera como engañan a la gente que se quiere ir de Venezuela”, denuncia Jhonny Romero, padre.

Su hijo le aseguró que había entendido el argumento, pero en realidad escondía su intención de irse sin avisar. Hoy es uno de los 34 desaparecidos del caso sin respuesta de La Vela. La primera hipótesis de su padre fue que Jhonny de Jesús cayó en una red de trata de personas y bajo esa sospecha fue llevando su denuncia a diferentes entes venezolanos, organizaciones no gubernamentales y la embajada del Reino de los Países Bajos en Caracas.

Desde el sistema judicial venezolano se iniciaron investigaciones que resultaron en el intento de juicio de dos personas detenidas y órdenes de captura para otras diez. Pero desde hace meses nada de eso avanza.

Mientras tanto, las primeras diligencias y la posterior parálisis de la justicia han dado un velo de cobertura al negocio sin controles del trasbordo a las cercanas islas del ABC, que continúa desde las costas falconianas y dio lugar a otra tragedia: la desaparición en el Mar Caribe de un bote que zarpó desde la playa de La Tiraya, el 17 de marzo de este año con 17 personas a bordo.

“Esto es un duelo sin fin. Esto es una cosa que no cierra”, dice Jhonny Romero, padre, mientras el Caribe al noreste del estado Falcón sigue tapizando su lecho con ahogados que buscaban una mejor vida, tal como ocurre en el Mediterráneo o en el estrecho de la Florida.

Un cuerpo y un expediente

Las historias de quienes deciden irse en botes inseguros e indocumentados hacia la isla de Curazao varían tanto como abundan. Un ejemplo es el de Sugeidy Cumare, que trata de tener respuestas sobre el paradero de su hijo Yakeison Gómez, que contaba con 17 años de edad para el momento del viaje, y de su yerno, Ángel Urbina Zambrano, de 21 años de edad.

El esposo de Sugeidy Cumare tenía tiempo viajando, en avión y de manera legal, para trabajar en Curazao. Solo la última vez lo intentó -y logró- en lancha de manera clandestina, algo que quiso replicar su hijo Yakeison para reunirse con él y ponerse a trabajar. Más que la nostalgia lo impulsaba la necesidad, pues se acababa de enterar que tendría un hijo. En principio era Sugeidy Cumare quien tomaría el riesgo de cruzar en bote, pero Yakeison le pidió el puesto. Para el viaje de ambos, Yakeison y Ángel, les cobraron 700 dólares que debían pagar trabajando en la isla. En garantía, Cumare empeñó con los organizadores del traslado una moto que hoy sigue desaparecida, al igual que su hijo y alguna explicación.

“He ido a Caracas, a la embajada [de los Países Bajos en Caracas] y no veo que se esté investigando lo que sucedió. Ya son demasiados meses sin respuesta”, denuncia.

Los familiares de los 34 desaparecidos han protestado en varias oportunidades exigiendo que se investigue el caso.

Armando.info tuvo acceso al expediente del caso de La Vela de Coro. Resaltan varias irregularidades en la investigación que dan pistas sobre la posible complicidad de autoridades de la zona que se benefician de los viajes, y que podría explicar el escaso interés en conocer qué sucedió con estas personas.

Una testigo protegida que logró bajarse de la embarcación dio su testimonio a la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Falcón, con lo que pudo relatar con lujo de detalles lo que sucedió antes del zarpe fatal del 7 de junio de 2019. La mujer, que para efectos de este reportaje será identificada como J., contó a los fiscales que el 5 de junio, dos días antes, 44 personas estaban listas para abordar. Todos, desde hacía varios días, esperaban en la zona de Punta de Aguide —una bahía ubicada al oriente del estado Falcón, a 156 kilómetros de Coro, la capital de esta entidad— a que llegara la embarcación que los llevaría.

Ese miércoles la salida estaba pautada para las cuatro o cinco de la tarde. Llegó el momento y el capitán, Alberto Vásquez, conocido como Pechón, un hombre que aparentaba unos 50 años, le dijo a todos que era muy tarde para salir y que el viaje quedaba postergado para el día siguiente. Los viajeros se dispersaron por la playa de Punta de Aguide esperando las nuevas instrucciones. Estas postergaciones eran usuales, según prosigue el relato. Los organizadores decían que había problemas para irse por asuntos logísticos, porque faltaban pasajeros, porque faltaba dinero o porque había patrullaje en las islas.

A las ocho de la noche de ese día se corrió la voz: “El gobierno había llegado”. Es común que en la jerga popular se le llame “gobierno” a los funcionarios policiales. Dos camionetas modelo Toyota 4Runner, una blanca y otra negra, se estacionaron. Ocho hombres vestidos de negro salieron de ellas, todos con chalecos antibalas y armas largas.

Tomaron fotos del lugar, del bote, de los carros. Estuvieron tres horas registrando todo. Entraron a las casas aledañas y revisaron los bolsos de quienes iban a viajar. Arrodillaron a dos personas en la arena. Cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas que se usan para empaquetar hielo y detonaron un arma entre ambas. Se llevaron a cuatro pasajeras que montaron en las camionetas y además una camioneta tipo pick up, de color blanco, que pertenecía a otro de los organizadores del viaje, al que le decían Danilo, que también se fue con los presuntos funcionarios.

Antes de zarpar le borraron el nombre a la embarcación con pintura blanca

Las cuatro pasajeras retenidas y Danilo regresaron al día siguiente del violento operativo. Era mediodía y volvían a bordo de la pick up del hombre. Dijeron a los demás que habían estado en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC, policía científica de apoyo a la fiscalía) en Tucacas, puerto turístico y capital del municipio José Laurencio Silva del estado Falcón, y que les preguntaron por qué la lancha no había salido todavía a la isla. “No sé por qué preguntaban ni por qué decían que era obligatorio que tenían que salir”, declaró J. Aseguró en su declaración, además, que uno de los organizadores -que albergaba a algunos de los futuros pasajeros en su casa mientras esperaban el momento del zarpe- dijo que los funcionarios policiales le habían pedido 20.000 dólares luego de lo ocurrido.

En el expediente se cita el interrogatorio:

—Fiscal: Diga usted, ¿la actitud de las cinco personas que se llevaron presuntamente al Cicpc Tucacas cambió cuando regresaron el día jueves 06-06-2019?

—J.: Sí, ellos antes de que se los llevaran estaban totalmente relajados, o sea no estaban con la presión de si salía o no lancha, como sí estaban después que llegaron del Cicpc-Tucacas, ellos decían que obligatoriamente tenía que salir, era una presión distinta (sic).

La lancha terminó por salir el 7 de junio de 2019. Ese día, a las cuatro de la tarde, llegó el capitán del bote acompañado con una joven de 21 años de edad llamada Paola Gutiérrez Torres, a quien J. identificó como pareja del capitán.

Antes de zarpar le borraron el nombre a la embarcación con pintura blanca y 40 personas subieron a ella. A los diez minutos el motor falló y regresaron a la orilla. Paola Gutiérrez pidió que se bajaran entre diez o doce personas, según relata la testigo en el expediente. Entre gritos y promesas de regresar por quienes se quedarían, persuadieron a media docena de los pasajeros para que se bajaran. Entre ellos, J. A las cinco y veinte de la tarde finalmente salieron.

A quienes se bajaron se les prometió volver a eso de las dos o tres de la madrugada para recogerlos, pero eso nunca sucedió. Los 19 hombres, diez mujeres y cinco adolescentes -cuatro de 17 años y uno de 15 años de edad- tampoco llegaron a su destino anunciado.

“Yo visualicé tres impactos de bala en su cuerpo”

El cadáver de Elio Ramones, de 45 años de edad, fue el único que apareció en las costas de Curazao dos días después de la salida ilegal desde Venezuela. Tuvieron que pasar tres meses para que el cuerpo de Ramones fuera repatriado, el 12 de septiembre de 2019.

Su autopsia, escrita en papiamento -lengua criolla que comúnmente se habla en las calles y pueblos de Curazao-, establecía el «ahogamiento» como causa de muerte, según explicó Jhonny Romero, padre. El CICPC elaboró otra autopsia en 30 minutos y solo a viva voz confirmó a los familiares que la causa de muerte era la misma establecida en Curazao. Los agentes también comunicaron que el cuerpo presentaba una herida en un costado y otra en la entrepierna.

La versión de Romero fue confirmada por los familiares de Elio Ramones. Orlando Ramones, hermano de la víctima, denunció que nunca se les entregó la traducción del examen post mortem, que llegó de Curazao dentro de la urna donde venía el cuerpo congelado de su hermano.

En la morgue de Coro fue Orlando quien notó que su hermano tenía una herida en la pierna. La patóloga de guardia le dijo que se la habían hecho en la morgue de Curazao.

Aunque la orden impartida por las autoridades fue la de velar a Elio Ramones con la urna cerrada, sus familiares tenían dudas sobre el procedimiento médico-legal que se había practicado para determinar la causa de muerte. El cuerpo fue llevado a su casa en La Vela de Coro. Eso dio oportunidad para que su hermano, en compañía de unos funcionarios policiales amigos de la familia, revisaran el cadáver. “Yo visualicé tres impactos de bala en su cuerpo”, aseguró Orlando Ramones.

De acuerdo al testimonio de Orlando Ramones, el cadáver de su hermano Elio presentaba heridas similares a las de arma de fuego algo más arriba de la rodilla izquierda, otra en la parta baja de su espalda y una tercera en la parte de atrás de la cabeza. Nada de eso estaba registrado en las versiones oficiales, que solo pudieron leer y nunca tener en físico, según las cuales su muerte había ocurrido por inmersión.

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