Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela

En la imagen, Jesús Barderas y Abraham Hazoury

Jesús Barderas es un empresario español radicado en República Dominicana. En su web se autoproclama «empresario e inversor». Allí mismo señala que es licenciado en ciencias económicas y empresariales, graduado en la Universidad Autónoma de Madrid. Barderas fue director del gabinete técnico de la presidencia del Banco Exterior de España, en la sede principal de Madrid.

Es una «persona políticamente expuesta porque es amigo íntimo de Felipe González, expresidente del Gobierno de España». Según un reporte de El Confidencial en 2016, con estas palabras, un empleado del departamento de Control de clientes del despacho panameño Mossack Fonseca explicaba quién era Jesús Barderas. A través del despacho panameño Mossack Fonseca, uno de los mayores del mundo en cuanto a creación de estructuras ‘offshore’, Barderas gestionó 50 sociedades, algo que lo llevó a figurar en el escándalo de los Panama Papers.

Segím kaosenlared.net, desde su mudanza definitiva a la isla en 1986, Jesús Barderas amasó una fortuna de la mano de un sinfín de negocios: turismo, seguros, aeropuertos y operaciones inmobiliarias.

Pero la bonanza que fue a buscar al Caribe se hizo añicos el 26 de octubre de 2006.

Ese día, la revista española Interviú publicó un artículo en el que vinculó a Barderas con el llamado escándalo de Marbella, una causa judicial (Operación Malaya) que destapó una extensa trama de corrupción en el exclusivo balneario ibérico

Según la revista, Barderas fue el hombre que introdujo a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor al circuito comercial de República Dominicana. El dúo Sánchez y Liétor están imputados en la causa judicial y acusados de pagar coimas por 5.3 millones de dólares para conseguir privilegios en la licitación de licencias urbanísticas.

Barderas es el principal impulsor -junto con su socio dominicano Abraham Hazouri- del proyecto energético más ambicioso de la historia de Panamá: el Centro Energético de las Américas.

El nombre de Jesús Barderas está muy ligado al de Abraham Hazoury. Jesús Barderas tiene un pasado relacionado al expresidente del Gobierno, Felipe González, y al socialismo español. Barderas es mencionado en algunas referencias en línea como administrador de los hoteles de Enrique Sarasola, empresario muy vinculado a Felipe González en República Dominicana. Javier Caraballo escribió en 2016 en el español El Confidencial

«Los nombres de Jesús Barderas y Abraham Hazouy se vieron involucrados en una de las mayores operaciones más de lavado de dinero, a través de fuertes inversiones en bienes raíces y proyectos turísticos en República Dominicana. En fin, historia pasada que explica el presente. Por eso, me ha hecho gracia lo que dice Felipe González, que si Jesús Barderas sale en los medios de comunicación en los papeles de Panamá es porque es su amigo… Felipe, como siempre, tiene un rostro pétreo…»

Abraham Hazoury es una empresario dominicano, quien ha sido miembro del Consejo de Administración de Cap Cana, un proyecto turístico y residencial de lujo en República Dominicana. Hazoury ha sostenido una relación muy cercana con el expresidente dominicano Danilo Medina, tanto que según algunas referencias, llegó a rumorarse que el empresario podía estar fungiendo como testaferro del político en algunos opacos negocios. Jesús Barderas y Abraham Hazouy han tenido una participación importante, pero controversial, en la construcción del aeropuerto de Bávaro, en la provincia de La Altagracia, en un espacio muy apreciado por razones turísticas e inmobiliarias y por ser un reservorio natural.

Una persona familiarizada con el asunto ha comentado que tanto Barderas como Hazoury han desarrollado vínculos de negocios con algunos de los llamados «boligarcas» venezolanos o personajes que han hecho fortuna a la sombra de la corrupción en los gobiernos del chavismo en Venezuela. Se trata de «boligarcas» que hoy tienen asiento en Punta Cana.

Inversión española manchada por corrupción

El único inversionista del proyecto aeropuerto privado que se pretende construir en la zona de Bávaro, aprobado por el presidente Danilo Medina a unos pocos días de abandonar el poder, está siendo vinculado a los escándalos de desvío de fondos y corrupción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Junta de Andalucía (España).

Según la web El Centinela Digital, se trata del controversial empresario-político español, naturalizado, Cruz Apestegui, quien aparece como representante de la empresa promotora del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que tiene como accionista principal a Abraham Hazoury, a su vez uno de los dueños del complejo turístico Cap Cana donde se financiaron instalaciones hoteleras con dinero proveniente de los fondos desviados de las ayudas de la Junta de Andalucía por vía de la mutua catalana Fortia Vida, de acuerdo a testimonio de imputados en los tribunales españoles.

En la presentación del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Bávaro llevado ante el Consejo de Fomento Turístico para obtener exenciones impositivas por 15 años y que le fueron concedidas, Apestegui figura como representante. En otra presentación con anterioridad del proyecto, ante la Comisión Aeroportuaria, Apestegui se identifica nuevamente como representante, esta vez al lado de Hazoury.

En un largo proceso judicial llevado en España y que apenas culminó en una primera fase en el otoño pasado, el empresario asentado en la República Dominicana fue señalado por uno de los imputados en el caso, Eduardo Pascual Arxé, ex presidente de Eurobank, como el principal accionista de Fortia Vida, una mutua catalana utilizada para ocultar fondos desviados de la Junta de Andalucía, sobre todo de un programa llamado Expediente de Regulación de Empleo, y de ahí ERE.

Supuestamente se daba ayuda a empresas en problemas y con personal al que falsamente otorgaban la jubilación adelantada. Parte de esos fondos desviados, que se asume se aproximan a los 700 millones de euros, fueron utilizados para el financiamiento del PSOE y para inversiones en el exterior, entre ellas dos hoteles en Cap Cana, siempre de acuerdo a las denuncias en los tribunales españoles.

En octubre pasado fueron sentenciados los ex presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chave, a seis años de cárcel e inhabilitación política, respectivamente “por urdir un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones que, sin control, repartió fondos a empresas en crisis”. A Cruz Apestegui se le liga a Jesús Barderas, español nacionalizado dominicano también del PSOE, asentado en la República Dominicana y socio de Hazoury en varios proyectos.

Indica El Confidencial en una información del 19 de abril del 2016, que “las acciones y poderes de Overbury se dividían entre Barderas, su esposa, sus dos hermanas (Mercedes y Virginia) y el marido de esta última y por tanto cuñado de Barderas, Cruz Apéstegui Cardenal.

De acuerdo a una información del periódico español El Mundo del 15 de octubre de 2015, “la Audiencia Nacional ha embargado las acciones que empresas de la trama de los ERE tienen en una compañía dominicana (Corporación Hotelera del Mar) propietaria de un hotel de lujo en el Caribe y que presuntamente se habrían adquirido con el dinero que la mutua catalana Fortia Vida recibió de la Junta de Andalucía por la contratación de pólizas de prejubilaciones.”

Grupo Abrisa de Abraham Hazoury niega señalamientos

En su defensa al establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, el Grupo Abrisa, que preside Abraham Hazoury, condena que se quiera estampar el proyecto con el estigma de la corrupción. “Un recurso propio de los que no tienen argumentos para rebatir con seriedad y responsabilidad”

De inmediato atribuye a síntomas de debilidad jurídica y carencia de fuerza probatoria, “pero eficaz para confundir voces y plumas que sí están impregnadas de una vocación sincera de rescatar valores y conductas que esta sociedad anhela”.

“Es penoso que personas con una trayectoria e integridad reconocidas, hayan sido sacrificadas en su honor y frente a sus familias por aquellos que han autorizado una irresponsable y vergonzosa denuncia de corrupción, carente de toda seriedad jurídica, con el único propósito de perpetuar su monopolio y privilegios a cualquier precio”.

Según el medio dominicano Proceso, e través de un comunicado público, firmado por , Abraham Hazoury, presidente del Gru­po y del Aeropuerto Internacional de Bávaro, considera “bochornoso que sea en la opinión interesada de un controlador controlado, que funge como supervisor del IDAC en el Aeropuerto de Punta Cana, que nuestros detractores intenten desacreditar los aspectos técnicos y aeronáuticos del proyecto, desmeritando el amplio y riguroso informe institucional favorable, preparado y firmado por el universo de todos los departamentos que integran el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que tiene competencia sobre nuestro proyecto. En breves palabras, el supervisor del IDAC está al servicio del supervisado: el Aeropuerto de Punta Cana”.

Refiere también el comunicado que “se ha señalado que nuestro proyecto, por arte de magia, se concibió y aprobó en el período de transición. Otra fábula más”.

Esto, para explicar que sin contar con todo el trabajo realizado para la preparación previa de los documentos técnicos, financieros y legales de soporte, y la compra de los terrenos, que duró más de un año, a partir de la introducción formal del proyecto a las instituciones públicas competentes, el 31 de octubre del 2019 y, hasta que fue dictado el decreto de aprobación, el 21 de junio del 2020, transcurrieron casi nueve meses de evaluación y obtención de permisos y certificaciones.

Destaca entre los argumentos de defensa, que el presidente Danilo Medina tuvo la prudencia de exigir que todas las evaluaciones y autorizaciones que eran necesarias requerir previamente, fueran cumplidas antes de estampar su firma para aprobar un proyecto de iniciativa privada, sin fondos públicos, ni erogación económica de ningún género con cargo al Estado, “dentro del marco de su obligación constitucional, de propiciar la libertad de empresa, la libre competencia y la igualdad de oportunidades para todos los dominicanos”.

También explica que en su momento, el Aeropuerto de Punta Cana, que nació como un aeródromo, fue aprobado mediante un oficio dirigido a la empresa propietaria, suscrito por el entonces Sr. Presidente de la República, el 9 de noviembre del 1982, mediante el cual se otorgó su no objeción y los beneficios de la Ley No. 153 sobre Promoción de Incentivo Turístico.

“A partir de esa fecha, dicho aeródromo, luego convertido en Aeropuerto, se mantuvo en una suerte de limbo contractual, hasta que casi 18 años después, el 10 de julio del año 2000, suscribió su único contrato con el Estado Dominicano, representado por el Ing. Diandino Peña, casualmente también en el período de transición del gobierno del presidente Leonel Fernández al Ing. Hipólito Mejía. El presidente Mejía, apegado al principio de la continuidad jurídica del Estado, respetó y ejecutó ese contrato”.

Continúa diciendo el Grupo Abrisa en el comunicado “Como vemos, el Aeropuerto de Punta Cana nació premiado en cuna de oro, porque por efecto del citado oficio de no objeción de 1982, se le otorgó también los beneficios fiscales de la Ley 153 sobre Promoción e Incentivo Turístico, antecesora del CONFOTUR. Pero su queja pública y oposición a que nuestro aeropuerto recibiera los mismos beneficios, abanderada por SU ASONAHORES Y NO LA DE TODOS, nos da la excelente oportunidad de comparar privilegios, beneficios fiscales, regímenes de zonas francas especiales y pago de impuestos sobre la renta, entre otros”.

“El hoy Aeropuerto de Punta Cana se pasó cerca de 18 años, operando y sucesivamente cobrando a las líneas aéreas y a los pasajeros, con un certificado de nacimiento sustentado en un oficio de no objeción, y ahora resulta que la conformidad y no objeción unánime que otorgó institucionalmente la Comisión Aeroportuaria a nuestro proyecto, seguida de una rigurosa validación de la autoridad aeronáutica, de un decreto del Presidente de la República, y de un contrato formalizado en los mismos términos y condiciones que los demás aeropuertos privados, es un ilícito penal”.

En el comunicado, el primero de una serie de sucesivas aclaraciones y puntualizaciones, el Grupo Abrisa enfatiza que “el daño causado lo repara el que otorga el mandato, no el abogado que lo ejecuta”.

Ambientalistas rechazan la construcción del aeropuerto internacional en Bávaro

La construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro constituiría una amenaza para los acuíferos de la zona y, además, frustraría la construcción del acueducto proyectado para detener la salinización de las aguas subterráneas que abastecen los hoteles y la comunidad circundante.

Según un reporte de EFE, la opinión de un grupo de ambientalistas sobre la proyectada terminal es el resultado de un análisis que, aseguran, realizan técnicos en la materia como el arqueólogo Domingo Abreu; el agrónomo Milton Martínez; el ornitólogo Yeral Segura, y el cartógrafo Tomás Montilla.

El grupo aseguró que la construcción del aeropuerto significaría un «avance severo en la salinización de las aguas subterráneas en la zona».

Consideraron que la construcción de estructuras en esa zona de Bávaro pone bajo amenaza a las aguas que se están contemplando como la solución al problema de salinización con la construcción de un acueducto.

Asimismo, que existe en el lugar un farallón y «miles de cuevas de interés natural y cultural».

Explicaron en un documento que la pluviometría en el área comprendida entre la desembocadura de los ríos Maimón y Yuma «hace de esta zona uno de los segmentos del Llano Costero Oriental con mayor caudal de agua subterránea, visto que solamente existe un río superficial entre ambas desembocaduras citadas, el Anamuya, cuyas aguas provienen desde las alturas del extremo este de la cordillera Oriental».

El análisis refiere que en 2004 se ejecutaron estudios en la zona que recomendaron la construir otro aeropuerto en el área ni la extensión de más ocupaciones de territorio como lo implicaría la presencia de esta estructura para recepción de vuelos internacionales.

Los ambientalistas aseguraron que solo en Bávaro-Punta Cana hay al menos 140 pozos operando para centros hoteleros, y en la zona de Verón, entre pozos y filtrantes hay más de 2,000.

En julio pasado, el entonces presidente Danilo Medina emitió el decreto 270-20, que autoriza la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, infraestructura que estará ubicada en el paraje Tres Piezas, del sector Salado en el municipio Salvaleón de Higüey.

La obra, bajo la autorización y fiscalización del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se designará «como puerto de entrada y de salida para el tráfico aéreo internacional en el que se llevarán a cabo trámites y formalidades de aduana, migración, salud pública, reglamentación veterinaria, fitosanitarias y zoosanitarias, seguridad aeroportuaria y otros requerimientos gubernamentales», indica el documento.

El grupo Abrisa es el accionista mayoritario de la terminal a construir.

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