Armando.info: Unos Rangel zulianos consiguieron un segundo aire para sus negocios en Panamá

Patricia Marcano
Mary Triny Zea
Armando.info

Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida por tres hermanos venezolanos que tenían trayectoria en el sector automotriz, logró colarse como proveedora de la Presidencia de Panamá y firmar un contrato para suministrar respiradores, los equipos más buscados en tiempos de Covid-19. Pero los equipos resultaron estar en mal estado. Esta historia se remonta hasta unos antecedentes en el estado Zulia, relacionados con una familia ya célebre por haber sido favorecida con jugosos contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Los más de seis meses de emergencia por la Covid-19 en América Latina han permitido detectar un cúmulo de irregularidades en las compras de equipos médicos e insumos que los países han hecho para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus SARS CoV-2. Uno de esos negocios tiene que ver con los ventiladores artificiales o respiradores, equipos que han resultado ser medulares en la estrategia para salvar a los pacientes con complicaciones respiratorias. Y una de esas historias de adquisiciones poco transparentes, dudosas en su negociación y con fallas en el desempeño de los equipos, conecta a Panamá con Venezuela.

Tres hermanos venezolanos lograron negociar con el estado panameño para dotar a los hospitales de ese país con decenas de ventiladores por la emergencia de la Covid-19. Carlos, Roberto y Rommel Bogarin Rangel, con su empresa Primo Medical Group, se convirtieron en uno de los trece proveedores del Ministerio de la Presidencia del país del istmo. En marzo de este año firmaron un acuerdo por 2,3 millones de dólares para proveer 53 unidades para la respiración asistida tanto de cuidados intensivos como no invasivos, de cuya entrega definitiva sólo hay registros por 32 equipos.

De acuerdo con una investigación iniciada en mayo por el diario La Prensa de Panamá, la carta de compromiso firmada con el Estado para proveer los equipos y recibir el pago a posteriori, no hubiera resultado llamativa de haber sido diferente el historial de Primo Medical Group. Pero quedó en evidencia que se trataba de una compañía sin trayectoria en el sector de equipos médicos en Panamá  (solo se había dedicado a vender productos descartables); desconocida por otras compañías del ramo, sin registros de importación de equipos médicos en los últimos diez años, según los datos de la autoridad de aduanas de Panamá, y sin ventas previas de insumos médicos al Gobierno panameño. No había experiencia previa que permitiera concluir que esta compañía sería un buen proveedor, pero eran los únicos que contaban con equipos para entrega inmediata.

Lo que sí había en su website era la referencia de formar parte de un “importante grupo empresarial familiar que desde 1980 se ha dedicado a la comercialización y distribución de suministros médicos de la más alta calidad”. Primo Medical Group es manejada actualmente por la tercera generación de una familia cuyo árbol genealógico se enraiza en Maracaibo, ciudad del occidente venezolano, capital del estado Zulia.

El apellido Rangel de estos jóvenes proviene de la familia Rangel Baron, otro grupo de hermanos (sus tíos) conocidos en Venezuela por revelaciones hechas por medios de prensa desde 2015. Según las investigaciones, la familia Rangel Baron conduce una red de empresas dedicadas al sector de equipos e insumos médicos y centros de diálisis que, con la empresa Continental Medica a la cabeza, resultó durante años regularmente favorecida con cientos de contratos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),  y con asignaciones por millones de dólares preferenciales de la antigua Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).

Los ventiladores entregados por Primo Medical Group al gobierno panameño llevan la marca alemana Dräger. Pero traían consigo una serie de sorpresas nada cónsonas con la imagen de calidad de la ingeniería alemana: llegaron en mal estado, con piezas incompletas, con fechas de fabricación anteriores a las indicadas por el proveedor. La propia empresa aseguraba que se trataba de equipos de 2015 pero, en realidad, eran de 2013 y 2014. Los softwares estaban desactualizados.

Los reportes realizados por cuatro de los hospitales de Panamá que recibieron estos equipos, y resumidos en seis cartas enviadas al Ministerio de Salud, que La Prensa obtuvo y compartió con Armando.info para este reportaje conjunto, precisan las fallas que presentan: varios ventiladores llegaron sin compresor o humidificador, con los conectores de las mangueras de aire y oxígeno incompatibles con los usados en algunos de los centros de salud receptores, circuitos de ventilación con fecha de vencimiento entre 2015 y 2017, sin la válvula para entubar, con baterías internas poco confiables por los años de manufactura que tenían, e incluso, uno de ellos llegó con la pantalla rota y otro con la tarjeta dañada, entre otros detalles ruinosos.

Las revisiones concluyeron que los equipos habían permanecido “mucho tiempo en bodega”, lo que explicaría sus condiciones poco óptimas y, por lo tanto, riesgosas para cualquier paciente de cuidados intensivos. Ningún respirador estaba actualizado, ni Primo Medical Group era representante autorizado de la marca Dräger en Panamá, como aclaró la propia casa matriz alemana en su momento. Así, el origen de esos ventiladores Dräger que lograron cotizarle al Estado continúa siendo un misterio.

En un primer contacto a petición del equipo periodístico de La Prensa, el director ejecutivo de la compañía, Carlos Bogarin Rangel, evadió aclarar la procedencia de los equipos y dar el nombre de la empresa que los importó. En una segunda solicitud de información, esta vez enviada por Armando.info y La Prensa, donde se pedían explicaciones sobre los desperfectos de los ventiladores y detallaba el contenido de las cartas, no hubo respuesta. El mutismo del vocero corporativo siguió tras tres intentos.

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