Armando.info: El trueque con México se quedó chucuto

Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar las sanciones internacionales contra el régimen chavista. Consistió en escenificar un “intercambio humanitario” de crudo de Pdvsa por camiones cisternas y maíz. Al final, hubo indicios de que la mercancía no llegó completa a Venezuela -aunque el Gobierno lo niega-, mientras los cómplices mexicanos del esquema terminaron en aparente bancarrota, bajo investigación de las autoridades antilavado de dinero de su país y medidas del Departamento del Tesoro estadounidense.

Elías Camhaji | Javier Lafuente | Roberto Deniz
armando.info

El 18 de junio pasado Estados Unidos emitió sanciones financieras contra un par de empresas mexicanas. Con ello, asestó un nuevo golpe a Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano favorecido por el régimen de Nicolás Maduro como su mayor contratista y operador comercial, quien aguarda bajo arresto en Cabo Verde su posible extradición a Miami para enfrentar cargos por lavado de dinero.

La detención de Saab, solicitada por Estados Unidos y consumada en respuesta a una circular de Interpol, tuvo lugar en la Isla de Sal el 12 de junio. Sólo seis días después, el Departamento de Tesoro estadounidense anunció que incorporaba a la llamada Lista Clinton de la Ofac (por las iniciales en inglés de su Oficina para el Control de Activos Financieros) las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, representadas por Verónica Esparza García y su hija Olga María Zepeda Esparza. También sumó al ciudadano mexicano Joaquín Leal Martínez, un empresario de 28 años de edad que con frecuencia aparecía citado en la prensa de su país como un gurú en temas de energía y petróleo.

Un año antes ya el propio Alex Saab, junto a su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, habían entrado a la lista, oficialmente conocida como la de Extranjeros Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). En ella se reúnen los nombres de aquellas personas jurídicas o naturales del extranjero que Washington ha hecho objeto de sanciones financieras, como el congelamiento de activos en territorio norteamericano y la prohibición de realizar operaciones financieras.

Las firmas mexicanas eran integrantes de una trama recientemente diseñada y puesta en funcionamiento por Saab, con conocimiento del Vicepresidente del Área Económica de Venezuela y Ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, para burlar mediante un supuesto intercambio de crudo por mercancías las sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y parte de la comunidad internacional al régimen de Caracas.

Las autoridades de Washington sostienen que mediante la trama se vendieron más de 30 millones de barriles de crudo usando un trueque por el que, al menos sobre el papel, las contrapartes evitaban el uso de dinero, de modo de eludir las cláusulas de las sanciones y ofrecer un aspecto de intercambio humanitario a la operación.

Tras recibir el crudo venezolano, Libre Abordo y su relacionada, Schlager Business Group, entregarían al régimen venezolano 1.000 camiones cisterna para transporte de agua potable y 200.000 toneladas de maíz, de acuerdo con lo pactado casi un año antes, en junio de 2019. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por Pdvsa, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, concluyó el Departamento del Tesoro.

Los documentos del acuerdo entre Libre Abordo y el gobierno venezolano, a los que han tenido acceso Armando.info y El País, revelan esas inconsistencias y arrojan más sombras sobre el supuesto carácter humanitario de la fórmula concebida por Alex Saab en sociedad con el mexicano Leal, a quien Washington calificó como el “conducto” de toda la trama.

Que parezca un ‘quid pro quo’

De acuerdo a la documentación, la empresa mexicana llegó a un acuerdo con Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas, que incluyó dos contratos por casi 200 millones de euros para suministrar bienes que la compañía no acostumbraba comercializar.

En uno de los contratos, fechado el 13 de junio de 2019,  Libre Abordo se comprometía a proveer 1.000 camiones cisterna por un valor de poco más de 139 millones de euros, a razón de casi 140.000 euros cada uno.

Cuatro días después, el 17 de junio, ambas partes firmaron otro acuerdo por el que la compañía mexicana enviaría a Venezuela 200.000 toneladas de maíz blanco por valor de 56.193.900 euros, unos 280,9 euros cada tonelada.

Ambos convenios aparecen firmados por Olga María Zepeda Esparza, por parte de Libre Abordo, y Wilfredo Celestino Marín Meza, como director ejecutivo de Corpovex. En esas fechas, no obstante, Joaquín Leal -la eminencia gris del entramado- se encontraba en Venezuela, según se desprende de parte de los datos que manejan las autoridades mexicanas antilavado de dinero que hoy investigan el rastro financiero de esos casi 200 millones de euros.

Extrañamente,  ninguno de los contratos alude al previo pago de la mercancía con petróleo venezolano. Los acuerdos establecieron, sin embargo, que 70% del abono se debía realizar de forma anticipada, quizás como una cita velada de ese petróleo recibido con anterioridad, ya que no consta ningún número de cuenta del destinatario para realizar el pago. “Ante los organismos competentes” es la fórmula imprecisa y poco frecuente con la que se menciona al beneficiario de los pagos en ambos convenios, que también puntualiza que los mismos se podrán hacer “de forma fraccionada” y con la posibilidad de rescindir el contrato en 90 días. El pago restante de 30%, siempre según los contratos, “será tramitado por el comprador por entes competentes de financiamiento”, sin precisar tampoco a quién se refiere.

A finales de marzo de 2020 Libre Abordo reconocía haber recibido, al menos, 14,3 millones de barriles de petróleo venezolano. “Vamos a llegar a unos quince millones de barriles, no es una cifra exacta, con el primer contrato con Pdvsa”, explicaron entonces desde la empresa a la agencia Reuters. Apenas dos meses después de vanagloriarse sobre las perspectivas de su negocio con Venezuela, el 31 de mayo, Libre Abordo se dio a la quiebra, reportando pérdidas por 90 millones de dólares. En la misma comunicación se quejó de la persecución del Gobierno norteamericano e insistió en el carácter “humanitario” de esos acuerdos. Ciertamente, para la fecha Estados Unidos ya había informado que el FBI investigaba el negocio y apenas faltaban unos días para que el Departamento del Tesoro diera a conocer la inclusión de los protagonistas en la lista de sancionados de la Ofac.

Para este reportaje se intentó recabar la versión de Joaquín Leal, Verónica Esparza y Olga María Zepeda Esparza en México, pero ni ellos ni sus abogados han respondido las peticiones.

Por su parte, el gobierno chavista ha evitado dar una respuesta oficial a las preguntas planteadas para este reportaje. Sin embargo, fuentes del entorno de Nicolás Maduro que aceptaron hablar en off rechazan que se trate de un negocio oscuro y aseguran que el diseño particular de este esquema obedece a las dificultades que enfrentan para hacer cualquier transacción por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La elección de empresas novatas en el comercio de hidrocarburos, según un alto funcionario, se debe «a la situación de bloqueo, no se puede trabajar con las empresas tradicionales de extraída de petróleo, porque las sancionan». Según el mismo funcionario, hay datos que no se pueden poner en un contrato, pues sancionarían a los intermediarios, incluidos los bancos: «Si nos dejaran hacer un fair play, las cosas serían diferentes», remata.

Lo que llegó a puerto

Los documentos obtenidos para este reportaje ofrecen indicios de que la mercancía enviada por Libre Abordo a Venezuela podría haber cubierto solo parcialmente lo acordado en los convenios.

Armando.info y El País solo tienen constancia, con los papeles de aduana disponibles, de que a Venezuela llegaron dos embarques vinculados al acuerdo.

El 8 de abril de este año desembarcaron en el puerto de La Guaira, que sirve a la ciudad de Caracas, 299 unidades cisterna y diez semi-trailer, valorados en 18,7 millones de euros. Esto supondría que cada vehículo costaba unos 61.000 euros, la mitad del valor cotizado en el contrato original suscrito en 2019 entre Libre Abordo y Corpovex. La mercancía fue despachada por la automotriz china Foton desde el puerto de Qingdao.

El 20 de abril se descargaron en La Guaira otros 222 semi-trailer cisterna, un tractor camión y 20 camiones tanques cisterna.

En total, se trató de 552 vehículos de distintos tipos para el transporte de agua potable, poco más de la mitad del millar pactado en el primer contrato entre Libre Abordo y Corpovex por casi 140 millones de euros.

Aunque no se hubiera completado el envío, el régimen de Nicolás Maduro no dudó en exhibir el convoy de cisternas blancas, cada una con capacidad para 30.000 litros, en un evento transmitido en mayo desde la autopista Caracas-La Guaira.

No obstante, el alto funcionario del Gobierno de Caracas que accedió a dar una versión para este reportaje, asegura, sin ofrecer documentación que lo respalde, que toda la mercancía llegó al país.

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