Armando.info: Eduardo Rivas, el capataz que “mantiene a Venezuela”

Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que permite obtener divisas para las arcas del Gobierno después del colapso de la industria petrolera. Se expuso a la luz pública por primera vez en 2018, al frente de un complejo de procesamiento del metal precioso, pero desde entonces hace sentir su poder al sur del Orinoco mediante campañas de prensa regional y el amedrentamiento con su guardia pretoriana constituida por agentes de la contrainteligencia militar. Más que por credenciales técnicas o antecedentes -casi nulos- en la actividad minera, debe su figuración a la cercanía que tiene con los Nicolás Maduro, padre e hijo.

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El miércoles 9 de mayo de 2018, Eduardo José Rivas dejó de ser un desconocido: los medios oficiales lo retrataron sentado a la derecha de Víctor Cano, para ese momento ministro de Desarrollo Minero Ecológico, en la inauguración del Complejo Industrial Domingo Sifontes ubicado en El Callao, una de las localidades auríferas por excelencia en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela, cerca de la frontera con el Territorio Esequibo controlado por Guyana. Entonces Rivas era presentado en sociedad como presidente del complejo, un inversionista que había aportado capital privado en este proyecto, sin destacar hasta entonces ni como hombre clave ni poderoso. Esos atributos estaban por concretarse y su ascenso meteórico en el sector aurífero apenas comenzaba.

Tan ambicioso fue ese proyecto industrial previsto para procesar oro con la técnica de la cianuración, y tan grande fue la inversión -precisada por Víctor Cano en 30 millones de euros- que les pareció pertinente tener material promocional para la inauguración: franelas y gorras bordadas especialmente para la ocasión, con los nombres y logos de las seis empresas privadas que hacen parte del complejo Domingo Sifontes. El combo lo lucieron varios de los invitados capturados por las cámaras y, por supuesto, el propio Rivas, quien tenía razones para vestir con orgullo esa franela.

Uno de los nombres bordados, Inversiones y Representaciones Glenduard, resulta ser el de una empresa de su propiedad, donde Rivas controla la mayoría accionaria y actúa como director principal; y como esa, hay otra empresa del complejo de importancia particular, Corporación Petroglobal, cuyos dueños son Mario Bonilla Vallera y Raúl Saavedra Leterni, los fieles socios en más de una docena de empresas en Venezuela y el exterior, amigos cercanos de los hijos de Cilia Flores, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, y de su hermanastro Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.

Bonilla Vallera fue identificado en 2018 como testaferro de los hijos de Cilia Flores en la investigación penal llevada en Estados Unidos bajo el nombre de Operación Money Flight, que siguió el rastro al lavado de 1.200 millones de dólares de Pdvsa, y por la que Bonilla Vallera se mantiene prófugo de la justicia estadounidense tras ser sentenciado a 20 años de prisión.

La importancia del complejo Sifontes y de su presidente guarda relación directa con la alta jerarquía de la administración de Nicolás Maduro, lo que explica el rol prominente que tiene Rivas ahora y que se ha consolidado en los últimos dos años.

Hoy Rivas es bien conocido en El Callao y en todo el eje minero al sur de Bolívar, pero mientras más lo conocen más le temen. Quienes trabajan en el sector, directa o indirectamente, prefieren no nombrarlo o guardar silencio por miedo. “Aquí dicen que ese es el hombre que está manteniendo al país”, susurra un trabajador de una de las plantas de procesamiento de oro de la zona, al otro lado del teléfono. El temor se sobreentiende. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es responsable de la seguridad de Rivas y del Complejo Industrial Domingo Sifontes, así como de algunas plantas de procesamiento de oro en la zona. La presencia de este organismo de inteligencia en áreas mineras y plantas para cumplir funciones de resguardo y vigilancia no era común. Esta labor siempre le había correspondido y aún corresponde a la Fuerza Armada Nacional, pero a los funcionarios regulares de uniforme verdeoliva, no a los que visten de negro de pies a cabeza y ocultan su rostro con pasamontañas.

Más recientemente, en noviembre de 2019, fue inaugurado otro complejo similar bautizado como Manuel Carlos Piar, por el general independentista guayanés. Se trata de una versión menor de la anterior instalación, dotada de nueve plantas de cianuración, de las que por ahora solo una está activa. Otra diferencia es que este no se encuentra ubicado en la zona aurífera del río Cuyuní, sino a tres horas de distancia en carro, en la zona industrial de Matanzas, en Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco y junto al mayor cluster venezolano de industria pesada para la transformación de minerales.

A pesar de la distancia, la instalación también es presidida por Eduardo Rivas y resguardada por la Dgcim. Como ha venido ocurriendo desde la creación del Arco Minero del Orinoco (AMO) en febrero de 2016, el mapa de actores que participan en la zona se ha reconfigurado.

El hombre intocable

En el pueblo de El Callao se tienen al menos dos certezas: que el complejo de cianuración reviste gran interés para la cúpula que se mantiene en Miraflores, y que Rivas es el gran hombre de confianza, casi intocable. Cómo llegó a convertirse en una figura de tanta importancia en el sector aurífero es algo que pocos saben.

Rivas es del estado Bolívar, aunque no de El Callao. En 2008 fue candidato al Consejo Legislativo del estado (parlamento regional), con apoyo de la coalición conformada por el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), UPV e IPCN. A pesar de semejante respaldo en una entidad que desde el año 2000 no ha dejado de tener un gobernador chavista, su candidatura perdió. Al menos hasta 2013 era un desconocido en el sector aurífero. Algunos de quienes dicen que su oficio era el de técnico de refrigeración, recuerdan haber sabido que de vez en cuando vendía oro.

Alguien que llegó a tener información de primera mano sobre esta persona es el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), así como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cargo que tuvo durante años.

En entrevista concedida para este reportaje, el general asegura que Eduardo Rivas “es persona de confianza de Nicolasito”, en referencia a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro Moros. Su afirmación se desprende, en parte, de un hecho que siguió desde el órgano de contrainteligencia militar. “Con información que proporcionó ese individuo (Rivas), Nicolasito utilizó la Dirección General de Contrainteligencia Militar para conducir la llamada ‘Operación Manos de Metal’. Cuando se inició esa operación, yo me desempeñaba como subdirector de la Dgcim y también como director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, donde me llegaron denuncias de familiares de personas perseguidas por la Dgcim, que se dedicaban al comercio del oro”.

Cuando intentó saber más información sobre las personas detenidas en la Dgcim por esas causas sobre la comercialización del oro, recibió como respuesta que esos procedimientos los estaba dirigiendo personalmente Nicolás Maduro Guerra con apoyo de la Dgcim, bajo instrucciones presidenciales y que el director del organismo de inteligencia, el general Iván Hernández Dala, “estaba en cuenta y dio la orden de apoyar”, sostiene el general, actualmente exiliado en Estados Unidos luego de haber desertado del gobierno de Maduro tras el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019. De hecho, es él quien confirma que la Dgcim tiene la responsabilidad de cuidar a Rivas desde hace, al menos, tres años por órdenes de Nicolás Maduro. “Es público que Rivas ascendió a las esferas del poder de forma meteórica”, dice.

La «Operación Manos de Metal», activada en junio de 2018 por el Ejecutivo nacional, buscaba impedir el contrabando y extracción de minerales, sobre todo oro, de acuerdo con la versión del entonces vicepresidente Tarek El Aissami, quien hizo el anuncio. Pero, según el general Cristopher Figuera, “fue para establecer un monopolio con la compra-venta del oro, en la que Eduardo Rivas con apoyo desde la presidencia de la República, estableció un ‘pranato industrial y artesanal’ en ese comercio”.

Sobre esto no dio mayores detalles. Tampoco se pudo confirmar de manera independiente cómo operaría ese supuesto “pranato”. Eduardo Rivas fue contactado para este reportaje a través del equipo de prensa del complejo Manuel Carlos Piar, pero no atendió la entrevista solicitada. “El señor Eduardo está cumpliendo unos compromisos y por eso está aislado de entrevistas”, indicaron.

Pero más allá de ese rol que le atribuye Cristopher Figuera, la prensa local abiertamente afín con el proceso que encabeza Nicolás Maduro muestra otra faceta del personaje. Una vez hecho pública en 2018 la identidad de Eduardo Rivas, comenzó a aparecer regularmente en las reseñas de la prensa oficialista o sumisa como el gran ingeniero-empresario, inversionista y benefactor, comprometido con acciones sociales que van desde el asfaltado de vías, recuperación de áreas verdes y recientemente, la dotación de insumos médicos y desinfección de espacios para mantenerlos “libres” de la Covid-19, tanto en El Callao como en Puerto Ordaz. En todas esas actividades el complejo Domingo Sifontes se muestra como el mecenas que hace posible las obras sociales en alianza, eso sí, con la gobernación del estado, a cargo del general del Ejército Justo Noguera Pietri. Así como Rivas se convirtió en un actor clave en Bolívar, el centro industrial que dirige también.

El exdirector del Sebin también sostiene que Rivas “cuida los intereses de los Maduro Flores, de los hermanos Rodríguez Gómez, de Jorge Arreaza, de un sector de la élite militar y de Tareck El Aissami”, e incluso menciona a Alex Saab, detenido desde el 12 de junio en Cabo Verde por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, y solicitado por Estados Unidos para su extradición hasta ese país, que lo investiga por lavado de dinero. Sobre él asegura que “aparece como el principal financista en la mayoría de las empresas” del complejo Domingo Sifontes.

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