Armando.info: ¿Hicieron como que castigaban a los ‘cuates’ de Alex Saab?

En la imagen, Alex Saab y Álvaro Pulido

Claudia Solera | Roberto Deniz
armando.info

Los ecos de la detención de Alex Saab llegan a varias partes. Desde Cabo Verde, donde fue capturado el 12 de junio tras la activación de una alerta roja de Interpol, primero a Venezuela, su centro de negocios desde hace casi una década y, luego, hasta Colombia, donde nació y ahora reflotan tanto sus conexiones políticas como un juicio en su contra. Ahora en México también se hace sentir el coletazo. La nación norteamericana fue desde 2016 clave para Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, en el millonario esquema del suministro de alimentos al programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que ese año el gobierno de Nicolás Maduro instauró en Venezuela.

Las autoridades mexicanas investigan las operaciones de Saab y Pulido desde 2018, al final de la administración del presidente anterior, Enrique Peña Nieto. Aunque entonces hicieron señalamientos contra la red tejida por los empresarios colombianos, todo se diluyó en un limbo burocrático. Pero el sacudón causado por la captura de Alex Saab permite ahora revelar los puntos débiles de aquella investigación, que absolvió en la práctica no sólo a las compañías de Saab y Pulido, sino también a los proveedores mexicanos que despacharon a Venezuela productos de muy baja calidad nutricional.

El detrás de cámara de ese proceso es una historia de omisiones y silencios que muestra cómo durante meses las autoridades mexicanas y venezolanas supieron de la pésima calidad de la mercancía, pero no hicieron nada para frenar ese cuestionable comercio y relevaron a los responsables de cualquier castigo.

El 18 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.

El funcionario apuntó directamente contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong que Saab y Pulido controlan, y una firma homónima en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores con la que contrataban. Pese a la gravedad de los señalamientos y a algunas medidas iniciales, como la congelación de cuentas bancarias, el propio funcionario abrió la puerta de un “acuerdo reparatorio” con los involucrados, a manera de compensación.

“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de tres millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos, los cuales serán destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe”, expresó entonces Lira.

La sombra de la irregularidad siempre rondó ese “acuerdo reparatorio” y el monto de la sanción lucía irrisorio para un negocio en el que se habían movido cientos de millones de dólares. Hoy Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana lo califica como un “hecho insólito”.

“Los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una  donación  de sólo tres millones de dólares (…) En lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Nosotros ya denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, explicó Nieto a la reportera del diario Excélsior de Ciudad de México, Claudia Solera, coautora de este reportaje.

Otros documentos permiten comprobar la ilegalidad y los vicios del pacto con las compañías operadas por Alex Saab y Álvaro Pulido, así como por sus proveedores mexicanos.

Sospechas confirmadas

Ya para cuando la Procuraduría General mexicana hizo públicas tanto la denuncia como el correspondiente “acuerdo reparatorio”, sobraban las evidencias sobre las anomalías y los actores en torno al entramado de exportaciones. Armando.Info había revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited y documentado, en febrero de 2018, la pésima calidad nutricional de la leche en polvo mexicana que llegaba con las cajas CLAP, mediante un estudio de laboratorio practicado a muestras de las diferentes marcas de leche por el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Poco después la estatal venezolana Corpovex, encargada de centralizar las importaciones públicas, pidió a las compañías mexicanas cumplir con registros sanitarios. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había dicho en agosto de 2017, que Group Grand Limited “se presume es del presidente de la República”, refiriéndose a Maduro.

Ahora se sabe que la investigación que provocó aquel pronunciamiento de las autoridades mexicanas en octubre de 2018 tuvo inicio en junio de ese año. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia DEN-UIF-40-2018 ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mexicanas.

Además de Group Grand Limited, la firma controlada por Alex Saab y Álvaro Pulido, en el escrito aparecían señaladas compañías mexicanas como El Sardinero, Deshidratados Alimenticios e Industriales (DAI), Empresas Bonobox, Jaifar Comercial, Grupo Brandon, Rice & Beans y Productos Serel. Figuraban también Asasi Food FZC, sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos e igualmente usada por Saab y Pulido, así como 4PL Industrial, empresa colombiana de logística y empaquetado de productos para los Clap, ligada también a la dupla Saab-Pulido. La denuncia incluía, además, los nombres de los empresarios mexicanos Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.

En abril de 2018, apenas días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial en la que Maduro se aseguró la reelección, dueños y ejecutivos de estas empresas se habían reunido con Álvaro Pulido Vargas en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio. Las sospechas contra Group Grand Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por Asasi Food FZC, registrada en Emiratos Árabes Unidos y con la que obtuvieron en ese 2018 un contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca.

De abril de 2018 es, precisamente, una carta en la que Group Grand Limited plantea a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los Clap, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los Clap, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la Gobernación del Táchira, cuando estaba encabezada por José Vielma Mora.

Tanto Group Grand Limited como Asasi Food FZC y Mulberry Proje Yatirim, además de los propios Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en julio de 2019. “Varias de las sociedades que son de propiedad o están bajo el control de Saab y Pulido fueron usadas en la estratagema de corrupción alimentaria de Saab y Pulido”, aseguró el Tesoro en un comunicado.

Casi en simultáneo, un tribunal del estado de la Florida los acusó por lavado de dinero, asociado al primer negocio que lograron con el chavismo en 2011 para la construcción de casas prefabricadas..

Pero en México, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, las autoridades no criminalizaron el entramado de Saab y Pulido. Se limitaron a abrir la puerta a unos “acuerdos reparatorios” que parecen hechos a la medida de los infractores.

Durante meses, la empresa El Sardinero fue el principal proveedor de las cajas Clap que salían del puerto de Veracruz, en México, al de La Guaira, en los buques CNP Paita y Viking Merlin. Rice & Beans y Productos Serel también surtían sus productos, como arroz y lentejas, mientras que Grupo Brandon, una empresa de rastro muy difuso en el estado de Nuevo León, prácticamente monopolizaba los envíos de leche en polvo con distintas marcas de pobrísima calidad nutricional.

Durante meses los alimentos de Productos Serel llegaron en las cajas CLAP bajo la marca Kosland, mientras que Grupo Brandon monopolizó los despachos de leche en polvo de mala calidad.

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