Víctor Cámara en Doral y Jacqueline Giménez en Hallandale Beach, dos aspirantes políticos venezolanos en los Estados Unidos con un pasado plagado de escándalos

En la imagen, Víctor Cámara y Jacqueline Giménez

El actor venezolano Víctor Cámara ha manifestado sus aspiraciones de ser concejal de Doral, una ciudad de sur de la Florida, en los Estados Unidos, con una alta población de inmigrantes venezolanos.

El actor de televisión fue relacionado en 2018 con un esquema de fraude, a través de la firma Cash Flow Partners LLC. Sus aspiraciones políticas han sorprendido a muchos de sus compatriotas quienes no sabían de su presencia en la ciudad estadounidense de Doral.

Algunos de los compatriotas de Cámara han recordado cómo Luigi Boria, otro venezolano, llegó a ser alcalde de Doral, después de haber recibido en Venezuela cerca de $ 49 millones, a tasa preferencial, a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), haciendo negocios muy lucrativos con el Gobierno chavista. Por motivos similares han condenado las aspiraciones de Jacqueline Giménez a la alcaldía de Hallandale Beach, también en Florida.

Cash Flow Capital Group

El actor venezolano Víctor Cámara, a través de un comunicado, aclaró que “Cash Flow Capital Group” jamás han pretendido actuar fuera de las leyes, las normas ni reglamentos pertinentes en materia de inversión en la República Dominicana. La aclaración de Cámara surgió en 2018, después que la Superintendencia de Valores en República Dominicana emitiera un comunicado en el que expresó que la empresa que dirige el venezolano junto a Edward Espinal, no contaba con registros en territorio dominicano.

“Los señores Víctor Cámara, Edward Espinal ni Cash Flow Capital Group jamás han pretendido actuar fuera de las leyes, las normas ni reglamentos pertinentes en materia de inversión en la República Dominicana pues nunca han operado en esa jurisdicción territorial”, aseguró el comunicado.

La misiva, publicada en la cuenta de Facebook de la empresa, agregó que no descartaban la posibilidad de establecer en el futuro oficinas y bases de operaciones en Dominicana para “contribuir con el desarrollo, el crecimiento económico y capitalización” de la nación.

La nota aclaratoria señaló, además, que “Cash Flow Capital Group” es una empresa establecida sobre los cimientos más firmes de la ética, la moral y el ordenamiento jurídico con domicilio legal en los Estados Unidos de América, regulada por las normativas de la Administración Federal, Estatal y Local.

Por último, afirmó que no ha existido ni existe ninguna persona que pueda alegar defraudación, fraude, estafa.

Acusación de fraude en 2019

Los ejecutivos de la financiera dominicana “Cash Flow”, con sedes en Nueva Jersey y Nueva York, Raymundo Torres y Jennie Frías (a) “Jennie Castillo”, fueron acusados en la corte federal del distrito de Newark, Nueva Jersey, por fraude de cuatro millones de dólares a cientos de inversionistas, a los que les prometieron convertirlos en “millonarios” en poco tiempo, pero 47 de las víctimas firmaron denuncias en la fiscalía, con documentos que probaría el robo, según los fiscales.

La información, conocida en octubre de 2019, destacó que Torres se declaró culpable de conspiración en el esquema de la estafa el 24 de septiembre del mismo años, mientras el principal ejecutivo, Edward Espinal, que es el presidente (CEO) sería en investigación y todavía no se habían instrumentado cargos.

“Cash Flow”, que ha invertido millares de dólares en publicidad para atraer a cientos de incautos, ha tenido como su cara de mercadeo al actor venezolano Víctor Cámara, quien aparecía con frecuencia junto a Espinal en televisión, radio, periódicos, medios digitales y en los seminarios de inversión organizados por la empresa, siendo presentado como un “socio inversionista”.

Los 47 denunciantes alegaron que “Cash Flow” los engañó y estafó tras prometerles ganancias millonarias con préstamos “blandos” en bancos locales, pero los montos se multiplicaban y las víctimas recibieron facturas de cientos de miles, lo que para ellos era impagable.

También dijeron que la financiera, que vendió sus paquetes como “inversión de sociedad”, usó sus informaciones sensibles, falsificó sus firmas y documentos para tomar el dinero de los bancos, a los que nunca pagaron los montos totales, a pesar que Espinal había dicho, cuando brotó el escándalo, que “Cash Flow”, que cumpliría.

Luego Espinal trató de desvincularse alegando que los clientes no quisieron firmar un acuerdo, en el que todos los inversionistas resultaban perjudicados.

El grupo de denunciantes sumó deudas por $2.7 millones de dólares.

En el comunicado oficial de la oficina del fiscal federal, Craig Carpenito, dice que Torres, de 35 años, y residente en Nueva York, se declaró culpable ante el juez federal Kevin McNulty por una información que lo acusa de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.

“Entre marzo de 2016 y mayo de 2018, Cash Flow Partners LLC, una empresa de consultoría de negocios con oficinas en Nueva York y Nueva Jersey, lanzó anuncios en internet y organizó seminarios para ayudar a los clientes a obtener préstamos bancarios, incluidos los asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation / FDIC).

Los fiscales añaden que cuando los clientes presentaron documentación que respalda sus solicitudes de préstamos bancarios a Cash Flow Partners, Torres y otros crearon documentos falsos para hacer que las solicitudes de préstamos de los clientes parecieran más viables financieramente de lo que realmente eran.

“Los empleados de Cash Flow Partners falsificaron los registros de nómina al incluir información financiera y laboral ficticia, como trabajos falsos, en formularios de nómina y de impuestos del IRS. Los bancos de víctimas sufrieron pérdidas de más de cuatro millones”, agrega el fiscal federal.

Jennie Frías, de 36 años, y residente en el pueblo de Englewood en Nueva Jersey, fue acusada por su papel en una conspiración que implicó la creación de documentación falsa para obtener más de cuatro millones de dólares en préstamos bancarios, explicó el comunicado.

Frías fue presentada por primera vez en la corte, el 25 de septiembre de 2019 ante el juez federal James B. Clark III en el tribunal federal de Newark y fue puesta en libertad con una fianza no garantizada de 100,000 dólares.

Encadenado en la corte Edward Espinal, principal ejecutivo dominicano de Cash Flow

Además de las esposas, encadenado como un criminal común de la cintura a los pies, el principal ejecutivo dominicano de la financiera Cash Flow, Edward Espinal fue acusado en diciembre pasado en la corte federal del distrito de Newark en Nueva Jersey ante la jueza Cathy L. Waldor de varios cargos por una estafa de $4 millones a inversionistas pobres a los que según los fiscales él, y empleados de la empresa les robaron los ahorros.

Edward Espinal, ejecutivo de Cash Flow

Espinal,  fundador y presidente de Cash Flow Partners,  fue acusado de fraude bancario y conspiración para montar un  esquema de fraude de valores, dijo en un comunicado el fiscal federal de Nueva Jersey Craig Carpenito.

El acusado cayó en manos de las autoridades, que venían investigándolo por años, después que docenas de presuntos estafados denunciaron la estafa.

Espinal comenzó a ser investigado a fondo después que  uno de sus empleados clave en la empresa, el dominicano Raymundo Torres se declaró culpable de los mismos delitos, y posteriormente los federales también arrestaron a la encargada financiera de Cash Flow, Jennie Frías (a) Jennie Castillo, a la que también acusaron.

El  imputado de de 44 años de edad y residente en el suburbio Wayne en Nueva Jersey, fue entrevistado por la reportera Berenice Garner a cargo del segmento “El 41 a Tu Lado”, a la que le aseguró que estaba trabajando para devolver los millares de dólares a los inversionistas pero no cumplió la promesa.

Espinal quien invirtió millares de dólares en campañas publicitarias, seminarios, foros y reuniones con los potenciales clientes, fundó la empresa calificándola de “inversiones en sociedad”, pero los fiscales alegan que usó las cuentas y el dinero de los ahorrantes para robarles, falsificando sus firmas y documentos bancarios que son de carácter federal.

El expediente señala que entre marzo de 2016 a diciembre 2019, Espinal fue el líder del multimillonario fraude tomando préstamos a bancos, con informaciones falsas y documentos financieros alterados.

El Ministerio Público dice que Cash Flow atraía cientos de incautos clientes a través de sus campañas publicitarias engañosas en internet, medios y redes sociales cuya cara principal era la del actor venezolano de telenovelas Víctor Cámara.

Cuando los clientes trataban de contactar  a Cash Flow y eran remitidos al departamento de ventas de la empresa, donde los animaban a participar  en varios programas de préstamos y a firmar contratos con la empresa, los que dejaba endeudados con los bancos.

Otra candidata controversial

Carmen Jacqueline Giménez, inscrita para competir por la alcaldía de la ciudad de Hallandale Beach, en el condado Broward, enfrenta un acalorado debate originado entre residentes del sur de Florida, no solo de esa municipalidad, localizada al norte de Miami. El pasado político de Giménez en su natal Venezuela y un presunto historial delictivo que revelan los registros judiciales de ese país son la causa del cuestionamiento a su postulación.

Según un reporte de Frank López Ballesteros para el medio estadounidense Diario Las Américas, en abril de 2009 un tribunal venezolano (conexión a documento) dictó una orden de aprehensión por una supuesta serie de delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos que se le achacan a Giménez y otros dos socios, donde según consta, Giménez se presentaba como funcionaria de Estado, mientras sin embargo, no desempeñaba ningún cargo en la política exterior de ese país.

Según los documentos consultados para este reporte, Giménez utilizó como fachada una asociación civil que registró y representaba, supuestamente, a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el buque insignia que el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, utilizó para promover su revolución socialista en la región desde 2004.

Giménez, con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, presentó su candidatura como independiente ante las autoridades de Hallandale Beach, en noviembre de 2019, para competir por el puesto de alcaldesa en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, cuando los habitantes de la ciudad se disponen a renovar funcionarios, de acuerdo con los registros de la ciudad.

Compite contra la exalcaldesa Joy Adams, según los registros, quien regentó el cargo durante más de un año luego de una rápida elección para remplazar a la alcaldesa Joy Cooper, apartada de su puesto por un caso de corrupción del que resultó absuelta en noviembre de 2019, volviendo a ejercer sus funciones.

La candidata Giménez (Venezuela, 1961) lidera en Florida desde 2012 una organización dedicada a facilitar y promover asilos entre ciudadanos que huyen por persecución política de sus países, sobre todo, aquellos en América Latina que cayeron en la órbita del llamado “Socialismo del siglo XXI” que lideró Chávez.

Su trabajo se inspira, describe la candidata, en su historia de vida cuando “con mil dólares en el bolsillo y la ayuda de una amiga”, llegó a Estados Unidos en busca de asilo. Tras obtenerlo, catapultó su carrera como “experta en leyes de derechos humanos”, según declaró en un programa de televisión.

En una anterior aparición en la televisión local de la ciudad de Doral, habitada mayoritariamente por la comunidad venezolana radicada en Miami, era presentada ante el público como un baluarte de sus paisanos.

Más allá de su imagen de luchadora por los derechos humanos y activista democrática con buenas relaciones en los círculos de poder de la ciudad y el variopinto exilio venezolano, la figura de Giménez guarda un halo de misticismo que podría socavar su campaña para un puesto político donde las influencias, el dinero y el poder son cocteles nocivos.

Cuando se oficializó su postulación para alcaldesa, el 13 de septiembre de 2019, los primeros comentarios en las redes sociales fueron que la estampa de Giménez estaba empañada por su pasado político en Venezuela, al haber militado a favor de la causa chavista.

Los alegatos más enérgicos contra la activista surgieron por las acusaciones de usurpación de identidad mencionados en el expediente judicial C-10-230 del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el que se cita que desde 2008 Giménez fingió ser funcionario del gobierno al grado de ofrecer beneficios del Estado y conexiones políticas al más alto nivel sin figurar con cargo público alguno que le diera estas facultades.

La historia parece comenzar en 2004, cuando Giménez Tellería crea una asociación civil con el nombre de Consejo Directivo A.C. Alternativa Bolivariana Para Las Américas (ALBA) en el Registro Público del Municipio Libertador, en Caracas, bajo el Número 06, Protocolo 1º. Tomo 24, del 31 de Mayo de 2004.

Para entonces el ALBA como modelo de contrapeso económico e ideológico a la política de libre comercio de Estados Unidos en Latinoamérica, surgiría oficialmente en diciembre de 2004 cuando Chávez junto al dictador cubano, Fidel Castro, dan nacimiento a la alianza que, desde 2001, el mandatario venezolano formuló a sus aliados.

La denuncia que existe en la Fiscalía venezolana contra Giménez se generó por la posesión de sellos, papelería y falsificación de firmas de varios funcionarios, entre ellos algunos del Ministerio de Exteriores venezolano, y con estas comunicaciones se presentaba ante otras instancias indicando que contaba con el aval o apoyo de la carta con la firma falsificada.

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