El error de PDVSA que llevó a prisión a Ali Sadr Hasheminejad por violar las sanciones estadounidenses contra Irán

Maibort Petit
Venezuela Política

En este juicio el poder del dinero se siente. Hay en escena media docena de los mejores abogados litigantes del país acompañados de paralegales, asistentes y expertos que evalúan cada palabra pronunciada por los testigos de la fiscalía para demolerlos en los contrainterrogatorios. La jueza, Alison Nathan es acuciosa, determinante y evita que haya atropellos entre las partes. El esquema de violación de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso a Irán, y los mecanismos de lavado de dinero de este caso no son muy diferentes a otros que han sido juzgados previamente y que he tenido oportunidad de cubrir. En este —en particular— la diferencia es el despliegue exuberante de recursos. En la audiencia del viernes 6 de marzo, se pudo apreciar al acusado sonriente, ‘triunfador’ cuando su defensor puso contra las cuerdas al testigo experto en sanciones del Citibank, uno de los bancos víctimas de esta trama, según la fiscalía. A continuación les cuento parte de la jornada del proceso que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Era la quinta audiencia del juicio. Los diligentes abogados de Ali Sadr Hasheminejad estaban organizados para empezar la jornada. Los fiscales federales dispusieron a dos testigos para el día que representaban a los dos bancos víctimas del esquema de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, cargos por los cuales es procesado el millonario empresario, cuyo padre es el dueño de un gran emporio de empresas de construcción e infraestructura, Stratus International Group Holding, que —según la fiscalía y los testigos— ha recibido contratos millonarios para la reconstrucción de la infraestructura de Irán, desde que concluyó a la guerra con Irak.

Ali Sadr Hasheminejad y su familia trabajaron para el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a través de la empresa Iranian International Housing Co., ejecutando un contrato para supuestamente construir 12 mil viviendas financiadas por PDVSA a través de Ducolsa. El proyecto formó parte de los acuerdos firmados por la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán acordados en 2006, en el cual se incluyó un convenio para el Desarrollo Habitacional Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia. Hugo Chávez Frías y el presidente iraní para la época, Mahmoud Ahmadineyad, contrataron a la empresa de los Sadr, IIHC, para lo cual previeron un presupuesto de US.475,734,000,00. Por años todo el proceso se desarrolló ‘sin inconvenientes’ con la justicia, hasta que en 2013 y 2014, un error en unas órdenes de pago que PDVSA envió a sus bancos en Nueva York, JP Morgan Chase y Citibank, en las cuales colocaron el nombre de la empresa como beneficiaria [Iranian International Housing Company (IIHC)] .

La palabra «iranian» prendió las alarmas y las transacciones fueron bloqueadas y reportadas por los bancos a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC), a la unidad que se encarga de investigar las violaciones de las sanciones estadounidenses. ‘Las palabras «Irán» o «iranian» son tóxicas’, dijo la defensa y por ello, Ali Sadr registró empresas en otros países, compró la nacionalidad de San Cristóbal y Nieves (junto a su padre y hermanas), y abrió cuentas en un banco suizo. Todas éstas acciones le permitirían obviar las alertas de las autoridades y escapar de las sanciones que por 40 años EE. UU. ha impuesto contra Irán, buscando que haya un cambio de conducta en el régimen encabezado por el líder Supremo, el ayatolá, Alí Jamenei.

Entre las cientos de comunicaciones que los fiscales mostraron al jurado a lo largo de la jornada —con el objetivo de demostrar, más allá de la duda razonable que Ali Sadr es culpable de los seis cargos que se le imputan— nos llamó la atención que en varios de los correos enviados en julio de 2010, se menciona —en varias oportunidades— al millonario argentino Diego Marynberg —señalado de ser uno de los hombres que ayuda al régimen de Maduro a mover capitales por el mundo— y las empresas Mercantil Valores Uruguay, Pinnacle Investment SA de Venezuela y Finanzas S.A. de Suiza.

Debido a los problemas que tenían con la empresa que aparecía originalmente en el contrato con los regímenes de Irán y Venezuela era Iranian International Housing Company (IIHC) —y la palabra Iranian es objeto de alarmas a las autoridades financieras— Ali Sadr y su padre Mohammad Sadr Hasheminejad decidieron registrar dos firmas para sacudirse ese problema: Straturk International JS en Istambul, Turquía y Clarity Trade en Suiza. ¡Asunto arreglado¡

Asimismo, los Sadr abrieron una cuenta en el banco helvético Hyposwiss Private Bank AG. para lo cual, padre e hijo usaron los pasaportes que compraron en la isla del Caribe, San Cristóbal y Nieves y una dirección de residencia en Dubai. Con esos ‘elementos’ desaparecían los problemas con las autoridades estadounidenses, y ponían fin a los miedos que había generado en el acusado y a su familia la posibilidad que fueran a ser enjuiciados por mover el dinero a través del sistema financiero norteamericano, rompiendo las reglas establecidas desde 1979 y reforzadas por varias órdenes ejecutivas hasta la actualidad.

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