Carlos Gill y otros 17 empresarios denunciados en Bolivia por apoderarse de medios mediante coacción y amenazas

Un total de 18 personas fueron identificadas como representantes legales de varias empresas que en 2008 aparecieron como dueñas de ATB, La Razón y El Extra y en 2012 del canal PAT en Bolivia. Estas operaciones se concretaron a través de la forzada transferencia de acciones donde aparecen como propietarios, abogados vinculados a la oficina jurídica “Salazar y Asociados”, según describe la denuncia formalizada por la senadora Carmen Eva Gonzales ante la Fiscalía de La Paz.

Según la web erbol.com.bo, esta acción amplia el caso N° LPZ1911521 abierto por la Fiscalía contra de Marcelo Hurtado Sandóval y pide investigar por legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal, debido a que se identificaron anómalas transferencias de medios de comunicación social, sin el libre consentimiento de los propietarios sobre los que se habría ejercido coacción y amenazas para obligarlas a ceder sus derechos y bienes.

Identifican al venezolano Carlos Gill Ramírez, Alejandro A. S., Marcelo Hurtado, Jaime Iturri Salmón, Carlos R. Gill M., Josefa G. de Gill, Nicolás S.P., Sergio S.M., Rodrigo J.C., Andrea B.D., Enrique T. Q., José Luis V. L., Nicolás A. A, Juan Carlos T.E., Alondra M.I., Waldo C.U., Wilfredo Ch. S y Luis Nolberto C. C.

Señala que el empresario Gill Rodríguez llegó a Bolivia con el respaldo de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para incursionar, entre otros proyectos, en medios de comunicación sin importar la rentabilidad, sino que estén al servicio del gobierno del MAS, a cambio de millonarias ganancias por publicidad estatal.

Dice el memorial que Gill precipitó las negociaciones con ejecutivos del Grupo Prisa para tomar control de La Razón y El Extra, designando a su representante a Marcelo Hurtado. “ATB pasa por un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros”, justifica la denuncia.

En agosto de 2008, la empresa fantasma Akaishi Investments S.L fue creada en España exclusivamente para la transferencia de La Razón y ATB, siendo su representante Marcelo Hurtado a quien acusan de ser “pieza clave del esquema extorsivo al Grupo Prisa, como también a un grupo de abogados que trabajaron en el Estudio Jurídico Salazar y Asociados”.

Luego la empresa Inversionistas L.G. S.A tenía el paquete accionario de La Razón que fue absorbido por Inversiones en Radiodifusión S.A. representada por Nicolás S. P. quien estaría vinculado con Hurtado a través del mismo estudio jurídico.

Indica que la compra venta de La Razón y ATB se realiza bajo complejas estrategias empresariales con la única finalidad de encubrir el origen de los fondos para la transferencia de acciones, pero más que todo para “ocultar la identidad de los verdaderos dueños de estos medios de comunicación ya que estos bienes provienen de hechos ilícitos”.

Aseguran que las empresas Illimani de Comunicación S.A; Inversiones en Radiodifusión S.A.; Akaishi Investments SL e Inversiones L.G.S.A. estarían a cargo de las operaciones comerciales de ATB; mientras que La Razón habría estado bajo responsabilidad de Comunicaciones El País S.A., Inversiones Grupo Prensa IGMC S.A.; Inversiones Radiodifusión S.A.; Informaciones Extra S.A, y Kimarkus SRL. Esta última de propiedad de Carlos Gill Rodríguez con 999 cuotas accionarias.

En el caso de Periodistas Asociados Televisión – PAT viene de la sociedad ITACA SRL y fue transferida el 28 de noviembre de 2006 a Abdallah Daher y Mauricio Daher Nazrala y luego el 17 de octubre de 2012 fue a parar a manos de la Comercializadora Multimedia del Sur SRL, donde José Luis Valencia figura como propietario del 90% y Nicolás L.A. del 10%, por presunto monto de $us 4.900.000 de dólares americanos.

Posteriormente dicha empresa pasó a manos de Juan Carlos T. E. y Alondra Janet M.I. por Bs 14.000.000, operación que – según la denunciante – causó sorpresa porque los nuevos dueños no eran conocidos en el ámbito empresarial, aunque aseguran la existencia de negociaciones forzadas que involucrarían al exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Wilfredo Chávez. Ambas autoridades habrían coordinado “las tareas de extorsión con los operadores Marcelo Hurtado y Jaime Iturri Salmón, así como Luis Nolberto Clavijo, quien fue conocido como operador del gobierno del MAS en el denominado caso terrorismo I”.

Aseguran que se ha podido establecer el vínculo entre el presidente de PAT José Luis Valencia y Marcelo Hurtado porque ambos son miembros del consorcio de Abogados Salazar y Asociados. Indican que para transferencia forzaron la venta a personas que no tiene capacidad económica para adquirir un bien como un canal de televisión y que “solamente están obrando como testaferros o palos blancos”.

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