Mauro Libi, otro empresario sinónimo de corrupción en Venezuela, pero liberado por la Asamblea Nacional opositora

La controversia entre diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela no ha sido solo por haber liberado de responsabilidad a los empresarios Alex Nain Saab Morán y Carlos Rolando Lizcano Manrique, por sus vínculos de corrupción con la venta de alimentos con sobreprecio y de baja calidad al Estado venezolano. También el propio presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país petrolero por decenas de naciones, ha estado en el ojo de la tormenta, tras darse a conocer una carta con fecha 22 de agosto de 2017 en la que se notifica a los abogados Beatriz Di Totto Blanco y Domingo Salerno, representantes del empresario Mauro Libi Crestani, acerca del cierre de una investigación contra Libi, por instrucciones de Guaidó, actuando entonces como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del legislativo venezolano.

Ha sido razón suficiente para que diputados suspendidos de la Comisión de Contraloría, por haber cerrado investigaciones y firmado cartas en favor de Alex Saab y de Carlos Lizcano, reclamen a Guaidó y al diputado Freddy Guevara, por haber actuado de forma similar y haber exonerado de responsabilidad a Mauro Libi, por un millonario fraude cambiario cometido presuntamente en perjuicio de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y del Centro Nacional de Comercio Exterior (CEONCOEX).

¿Quién es Mauro Libi Crestani?

Es un empresario venezolano nacido el 10 de mayo de 1968, aunque ninguno de sus múltiples portales digitales aporta mayores datos biográficos más allá de su currículo y pensamiento empresarial. Sobre sus orígenes, un perfil publicado por el diario El Mundo Economía y Negocios, en octubre de 2015, menciona a su padre, Eleuterio Libi Plevana, como fundador del Grupo Libi, un conglomerado de compañías venezolanas, de distintas áreas, heredadas por Mauro. El padre falleció el 23 de octubre de 2012, según un obituario elaborado por Industria y Procesadora de Cereales C. A. (Improceca), productora de la marca Avelina, para honrar a su fundador.

Según el site Poderopedia, cuando Mauro Libi alude a la crisis, se refiere a la época de las vacas flacas –caída de los precios del petróleo- que redujo la entrada de divisas al país cuando no hacía mucho las autoridades del Banco Central de Venezuela y la Fiscalía General de la República habían informado de un gran desfalco al Estado: el robo de más de 20 mil millones de dólares por parte de empresas de maletín. Sin divisas –en un país importador-, lo que siguió: más inflación, escasez de alimentos, de medicinas, de materia prima para producir, diversos gremios empresariales clamando por dólares para comprar materiales esenciales y por el reajuste de los “precios justos” –aquellos regulados por el Gobierno, entonces superados por lo costoso de producir-. Entre los entusiastas, no abundantes en el sector privado, surgió Libi -poco reconocido ante la opinión pública a comparación de otros empresarios-, con compañías en el sector alimenticio, tecnológico y de bienes e inmuebles.

El Registro Nacional de Contratistas del Estado venezolano registra a seis empresas de diferentes objetos sociales, en cuyas estructuras directivas figura Libi -como propietario, representante o presidente-, que tienen una misma dirección: “Carretera nacional Guarenas Guatire, sector El Ingenio, parcela 11 y 12”. Las compañías son Representaciones Orval, Inversiones Pro Image, Pasta Granoro, Inversiones 4528, Inversiones Valentina y, la más grande, Improceca. Todas menos Inversiones Valentina fueron denunciadas ante la Comisión de Contraloría del Parlamento por el diputado Julio Montoya -abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática, por el estado Apure- por presuntos ilícitos cambiarios, el 10 de agosto de 2016. Montoya las señaló como empresas de maletín beneficiadas por Cadivi entre 2004 y 2012, con 615 millones de dólares a tasa preferencial.

Tres años antes, el Gobierno había eliminado a Cadivi tras los anuncios oficiales sobre su desfalco multimillonario. Dos años antes, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, había difundido una lista de 56 empresas «señaladas en investigaciones penales» luego de los primeros pasos oficiales tras la pista de los delitos cambiarios: la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) en sustitución a Cadivi y un llamado a las empresas para la verificación del uso de las divisas. Una de las empresas de Libi, Inversiones 4528, ocupó el puesto 24 de esa lista.

Ese mismo mes, la organización Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza divulgó un ensayo en el portal web Aporrea.org, titulado ‘La verdad sobre las listas de empresas de maletín publicadas por el Ministerio Público y Cencoex’, que vincula funciones de Libi en Banplus como administrador de los cupos en dólares asignados por el BCV, con las divisas preferenciales obtenidas por sus empresas. «Es evidente que Mauro Libi Crestani, quien pareciera ser el hombre principal detrás del ‘Grupo Libi’ y quien además es o ha sido Director Principal del banco Banplus y ejerce también un cargo  administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España,  debería ser incluido en las investigaciones que permitan seguir la pista a la correcta utilización de al menos 631.305.434 US$ preferenciales recibidos de parte de la República Bolivariana de Venezuela por las empresas de ese grupo empresarial. Obviamente, sin que decir lo anterior implique criminalmente a ninguna de ellas, sino simplemente para efectos de verificación», indica ese informe, expuesto en una rueda de prensa convocada por esa y otra, Marea Socialista, ambas de tendencia chavista.

Mauro Libi recupera su visa estadounidense

En respuesta a las acusaciones contra el empresario Mauro Libi y a sus relaciones supuestamente corruptas en Venezuela, el gobierno estadounidense decidió retirarle su visa. Sin embargo, en agosto pasado la periodista venezolana Maibort Petit informó que el empresario había podido obtener nuevamente el documento para ingresar a los Estados Unidos, a través de la embajada estadounidense en Bogotá – Colombia, a pesar de las sanciones y restricciones contra otros empresarios que se han lucrado gracias a la corrupción en Venezuela.

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