PanAm Post: Los «magistrados» venezolanos que tejieron una red de estafas con migrantes en Colombia

Orlando Avendaño
PanAm Post

Un presunto magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela y un abogado venezolano. Una alianza con el propósito de edificar una red de organizaciones no gubernamentales, destinadas a ofrecer asistencia a los migrantes. Sin embargo, enturbiadas por su manejo opaco.

Un almuerzo

10 de octubre de 2017. Eran alrededor de las once y media de la mañana. Se abrió el ascensor en el lobby del lujoso hotel Victoria Regia, en Bogotá, y de él salió un hombre bajo, robusto y de gestos toscos. Era el diputado Edgar Zambrano, en ese momento vicepresidente del partido Acción Democrática.

Los convocados inmediatamente se pusieron de pie. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, Gonzalo Oliveros, Gonzalo Álvarez, Evelyna D’Apollo, Rafael Ortega, José Luis Rodríguez y Rubén Carillo habían sido citados por Zambrano para una importante reunión. Se subraya importante.

El saludo fue cálido con tres magistrados en particular. Oliveros, Álvarez y D’Apollo, afines a Acción Democrática —y designados por este partido en la repartición de cuotas durante la selección de los funcionarios (donde, de hecho, el vicepresidente de Acción Democrática era miembro del Comité de Postulaciones)—, recibieron un fuerte apretón de Zambrano. El cariño, la amistad, era palpable. «¡Henry les mandó saludo!», soltó el diputado, refiriéndose al líder de su partido.

Todos se sentaron, en el lobby, y Zambrano empezó con el sermón. Estaba pautado que en tan solo tres días, en Washington DC, en la sede de la Organización de Estados Americanos, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia se instalara. A propósito el vicepresidente de Acción Democrática les dijo a los magistrados: «¿Qué van a hacer ustedes en Washington? ¡Olvídense de ese Tribunal en el exilio! Esa vaina no va a servir para nada. Eso no tiene ni fuerza ni vida. Eso no lo pueden ejecutar, ¡no tiene fuerza ejecutoria! Además, pueden perder su condición de refugiados».

También faltaba muy poco para las fraudulentas elecciones regionales pautadas por el ilegítimo Consejo Nacional Electoral para el 15 de octubre de 2017. Con respecto a ellas, Zambrano aseguró: «Nosotros ya tenemos negociadas con el Gobierno 18 gobernaciones y el oficialismo solamente se va a quedar con cinco».

«Piénsenlo», les dijo, «piénsenlo. Piénsenlo bien y no se vayan a ir para Washington».

La conversación no había terminado, pero ya era hora de almorzar. De hecho, la cita era para una invitación en el restaurant La Brasserie, que quedaba justo al cruzar la calle. Los magistrados y el diputado se pusieron de pie y caminaron hacia el restaurant. Antes de llegar, la magistrada Evelyna D’Apollo se retiró. Tenía otros compromisos.

Sentados, en el costoso restaurant, siguieron los esfuerzos por disuadir al grupo de viajar a Estados Unidos y acompañar a los demás magistrados. «No pidamos aún la comida, que estamos esperando a alguien», les dijo Zambrano. La fracción de Rodríguez, Ortega y Carrillo no entendía qué ocurría. No sabían a quién esperaban. Zambrano insistía: «Paciencia que estamos esperando a un amigo».

Alejandro Rebolledo, otro de los magistrados del Tribunal Supremo, atravesó el umbral de madera de La Brasserie y se acercó a la mesa en la que estaban sus homólogos. Abrazos y apretones. Casi todos, sorprendidos. Rebolledo vivía en Miami, pero había comprado par de tiquetes de avión solo para asistir a un almuerzo. Por supuesto, aquello ya calificaba la cita.

Rebolledo dejó claro, desde el inicio, el motivo de su presencia. En sintonía con Zambrano, les dijo al resto: «No viajen a Washington». Insistió: «¿Qué van a hacer para allá? Yo tengo dinero. Nosotros los podemos mantener».

Mantener, manutención, dádivas, miseria. Una palabra inmediatamente provocaba otras en la mente de los magistrados y, ya con la retahíla formada, era cuestión de tomar una decisión. La de Carrillo, Ortega y Rodríguez fue tajante. Los tres se pusieron de pie y se retiraron del almuerzo. No tenían nada que hacer ahí.

Pero la mesa no se quedó sola. No todos le dieron la espalda al empeño de Zambrano y Rebolledo. La arenga de ambos no fue desoída por completo. Los magistrados Gonzalo Álvarez y Gonzalo Oliveros se quedaron a prestar atención a la propuesta. (Este último, antiguo miembro de la directiva de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Anzoátegui).

Un caso

Esa tarde llovía. En Bogotá siempre llueve. Pero el aguacero no alteró el compromiso de José Luis Rodríguez de llegar a la cita. En su bicicleta, regalo de cumpleaños de su esposa, se movilizó entre carreras hasta llegar a un centro comercial al norte de la ciudad. Allí fue la entrevista.

Rodríguez es un hombre de unos cincuenta años, no muy alto, con rostro andino, algo paternal. Le dicen «El pumita» y lo respetan mucho en Mérida. No intimida ni amenaza. Al revés. Su semblante, en todo caso, enternece. Es palpable la honestidad de sus palabras. Ha pasado por mucho, aunque su intención no es, jamás, dar lástima. Pero la realidad se impone.

«Me gusta pasear Bogotá. Es bonita. La verdad es que disfruto los paseos en bicicleta», dice Rodríguez. No se refiere a algún pasatiempo ni afición atlética. Habla de su trabajo. «Mi esposa me la regaló para que hiciera delivery. Hago Rappi. Bogotá es una ciudad costosa».

Ciertamente, lo es. Pero hay cierto grado de relatividad. Por ejemplo, siempre va a ser más costosa para quien no es profesional. Quizá diez veces más costosa para el inmigrante. Digamos, cincuenta más para el inmigrante venezolano, ya no en sus veinte. Y, a ver, ¿cien veces más para el inmigrante venezolano, ya no en sus veinte, con su familia, al que además le prometieron el oro y el moro por ser, presuntamente, un honorable magistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano?

Junto a José Luis Rodríguez se encuentra el magistrado Ildefonso Ifill. Llegó a Bogotá unas semanas después de Rodríguez y actualmente se encuentra desempleado. «No es fácil tener a toda tu familia y, de un día para otro, cambiar tu vida. No lo es. Me estoy comiendo todos los ahorros y no tengo trabajo», dice.

Ambos representan hoy al Tribunal Supremo de Justicia legítimo venezolano en Colombia. Hay un tercer magistrado en la ciudad, Manuel Espinoza, quien se encontraba indispuesto para la reunión. Pero de todos los que vivían en Bogotá, solo quedan ellos tres. Y no precisamente porque los demás se hayan ido del país.

Rodríguez e Ifill están preocupados. Una situación, quizá no tan pequeña, les angustia. «Está esto, tú sabes, que viene empañando nuestra labor aquí en Colombia», dice Rodríguez. Ifill asienta. Ambos quieren que se aclare este caso, esta trama que viene enlodando la imagen del legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el país latinoamericano.

«Nosotros no tenemos nada que temer. Que investiguen a quien deban investigar», destaca Ildefonso Ifill.

«El abogado»

Daniel Pages lo conoce bien. No hubo una relación formal, pero se podría decir que trabajaron juntos. Cuando Pages dirigía la organización no gubernamental ASOCVENCOL (Asociación Central de Venezolanos en Colombia), Gerardo Aponte fue asesor legal durante los últimos meses. El vínculo se concretó luego de la recomendación de Zoraida Varela, también miembro de ASOCVENCOL.

La organización de Pages nació en 2012 y fue una de las pioneras en Bogotá. Sin el propósito de lucrarse, el objetivo siempre fue prestar asistencia a los venezolanos que iban llegando a la ciudad, impulsados por la crisis humanitaria que apenas se empezaba a sentir.

El manejo de ASOCVENCOL siempre fue impecable, pulcro, y cualquier referencia sobre Pages y su organización da cuenta de la merecida reputación que se habían hecho. Pages mostró el informe de la gestión de ASOCVENCOL durante los años 2015 y 2016. Todo está allí. Nada que censurar. Sin embargo, un factor empezó a enturbiar las actividades de la organización.

«Aponte fue asumiendo ciertas responsabilidades en el manejo de la organización», dice Pages, «tomaba decisiones y utilizaba nuestro nombre para hacer cosas en nombre de la organización».

Gerardo Aponte es abogado venezolano y había sido rector de la Universidad de Margarita (Unimar). Blandiendo su presunta experiencia, empezó a ofrecer servicios jurídicos a los beneficiarios de la organización de Pages —y a espaldas de él—. Debido a que estaba encargado del manejo de los fondos de ASOCVENCOL, Aponte empezó a reportar montos mensuales que no superaban los cincuenta mil pesos. Sin embargo, luego de hacer una pequeña encuesta a quienes estaban relacionados con la organización, los miembros de ASOCVENCOL se dieron cuenta de que Aponte llegaba a cobrar importantes cantidades por ofrecer sus servicios a algunos migrantes.

«La relación se empezó a tensar. Nosotros habíamos conformado otra empresa, Gruprof SAS, en la que Aponte también empezó a llevar un manejo turbio de las cuentas y relaciones», dice Pages.

El 8 de marzo de 2017, ante un notario, Daniel Pages certificó un documento que reza: «Los dos socios, Zoraida Varela y Gerardo Aponte, quien se encuentra en el país con un salvoconducto transitorio, han incurrido de manera reiterativa en la realización de reuniones de junta omitiendo invitarme, cambiando intempestivamente los días y horas, evitando comunicarme como socio de decisiones que han afectado no solo mi imagen, sino la credibilidad de la organización, entre ellas se ha incurrido en engaños y en manejo irregulares de dinero de los cuales me estoy enterando a la fecha y solo fui invitado a firmar de manera irregular un documento de venta de acciones privadas, donde por desconocimiento de mi parte de asuntos tributarios y legales fui inducido a la comisión de un presunto delito de estafa».

Pages denuncia ante un notario que Aponte, con Gruprof SAS, había manejado dinero «de otras personas, cuentas bancarias sin mi autorización». Con respecto a ASOCVENCOL, la manipulación no fue muy distinta.

Según quienes lo conocen, el abogado venezolano es descrito como alguien sumamente astuto. Ladino y avispado, pero también manipulador. Embaucador y agradable. Te envuelve y cautiva. Eso fue lo que le ocurrió a Daniel Pages.

«Dejé, en parte, que tomara el control de ASOCVENCOL y luego fue difícil apartarlos. Entramos en una dinámica destructiva, de la que me di cuenta solo cuando también estaba ocurriendo lo de Gruprof», dice el presidente de la ONG.

Empezaron a surgir denuncias ante los directivos de la organización. Estafas y extorsión a quienes les hacían asesoría migratoria empezaron a abultar la bandeja de entrada del correo de la organización. «Esto sucedió de manera consuetudinaria desde abril o mayo de 2016 hasta enero de 2017», se lee en un correo enviado a «señores ASOCVENCOL».

Entre los mensajes se habla de un caso relacionado a una feria navideña y de la situación de dos personas, Zoila del Valle Campos Rojas y Gilberto Dordelly, quienes padecieron «en virtud del engaño en representación judicial por parte del señor Aponte, ya que Aponte no estaba autorizado para ejercer como abogado en Colombia y no puede ejercer ninguna actividad laboral ya que se encuentra con un documento de salvoconducto». También se menciona el caso de un empresario ítalo-venezolano, Nelson Farfan Sassone, estafado por más de veinte millones de pesos (más de seis mil dólares). Al contactarlo, lo confirmó.

La estable relación devino en un abierto conflicto que provocó la disolución de ASOCVENCOL. El 24 de febrero de 2017, Pages, como presidente de la organización, envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia: «Gerardo Aponte, quien venía realizando asesorías legales en la asociación, se encuentra desvinculado de la misma y por tanto no representa a la Asociación ni sus intereses. Por tanto, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por el señor Aponte ni de los documentos realizados que desde la presente fecha interpongan ante este despacho».

Finalmente, en agosto de 2017, Pages envió una carta a la Fiscalía 149 de Bogotá en la que señala que dejó de representar a ASOCVENCOL ese mismo mes y que la pugna con Aponte había logrado destruir a la organización. En la misiva, Pages establece que el abogado venezolano actuó contra la ONG con el «fin de liquidarla» y el resultado, al final, «es opacar la ayuda a cientos de miles de venezolanos que llegan cada día a Colombia».

«Cerramos esta carta con la intención de negar este proceso de liquidación fraudulento, que el único fin es tratar de quitarle el apoyo a miles de niños, mujeres, embarazadas y adultos mayores, familias, padres venezolanos y colombianos que gozaban de estos actos sin fines de lucro», se lee en el texto.

El «magistrado»

José Luis Rodríguez llegó a Bogotá como todos. Sin nada. Tuvo que huir de su país luego de que la Asamblea venezolana juramentara a los nuevos magistrados que pasaron a conformar el denominado Tribunal Supremo de Justicia legítimo (ahora en el exilio).

«Todos estábamos en una situación similar», dice, «nos ayudaron mucho. Jamás pensé, en mi vida, que recibiría ropa de donaciones».

En una nota publicada en el PanAm Post a finales de 2017, sobre «la dura vida en el exilio» de los magistrados, se lee que entonces Rodríguez, Ifill, Carrillo y el magistrado Rafael Ortega vivían juntos en un apartamento al norte de Bogotá.

La situación del resto tampoco era muy distinta. En una entrevista al medio SemanaOliveros y Álvarez aseguraron: «Vivimos de lo poco que nos envían nuestras familia». Rodríguez insiste en que algunos, quizá con mayor poder adquisitivo, igual se vieron obligados a recibir donaciones y apoyo de organizaciones. «Durábamos una semana en un apartamento, dos en una casa y así. Fue muy duro pensar en dónde dormiríamos esa noche», dice el magistrado.

Ifill, más expresivo, dejaba clara su angustia ante la idea de que este hecho, la trama, empañara la labor del Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Gerardo Aponte se había convertido en un problema y ambos querían que todo se descifrara. Al mencionar su nombre, fue cuando ambos relataron cómo conocieron al abogado venezolano.

«Lo mío fue muy breve. Lo conocí en el Centro Comercial Unicentro. Lo saludé y ya. No tuve mucho contacto con él», dice Ifill. La experiencia de Rodríguez, en cambio, fue diferente. Debido a que llegó a Bogotá mucho antes que su compañero, su primer contacto con Aponte fue cuando el abogado hizo la primera de dos propuestas.

«Aponte nos ofrece a todos los magistrados que estábamos en Colombia, colaborar con nuestra situación migratoria. Nos propone ayudarnos a hacer la solicitud de refugio y nos dice que no nos cobrará nada», cuenta el magistrado José Luis Rodríguez.

En efecto, la primera asistencia fue gratis. Como con todos, así se acercaba Gerardo Aponte. Luego hace la segunda propuesta a todos los representantes del Tribunal que vivían en Bogotá: «Creemos una fundación para impartir cursos, congresos y eventos. Una fundación sin fines de lucro. Con una oficina que sería la sede».

Rodríguez, y otro magistrado consultado que prefirió el anonimato, coinciden en que la propuesta de Aponte contemplaba tener una oficina en una costosa urbanización de Bogotá y que la dirección de la fundación, además del manejo de los fondos, estaría en manos del abogado venezolano.

«Yo lo vi como una locura. ¿Cómo íbamos a tener una oficina para la fundación si ni siquiera teníamos fondos para cubrir una noche en un hotel? No entendía», dice Rodríguez.

Sin embargo, lo que terminó disuadiendo a cuatro magistrados de participar en el proyecto de Aponte fue la llamada de alerta de una doctora que aseguró «haber sido estafada». La médico los advierte: «Cuidado con él. Tiene varias denuncias en su contra». Por esa razón Rubén Carrillo, Rafael Ortega y José Luis Rodríguez deciden no acompañar la iniciativa. Sin embargo, Gonzalo Álvarez y Gonzalo Oliveros se aventuran con Aponte en la creación de una organización.

Antes de que los magistrados que les dieron la espalda tomaran la decisión, ya se había esbozado un proyecto para la conformación del Instituto Colombo Venezolano de Estudios Jurídicos —o EIURIS—. Como miembros honorarios de la organización aparecen José Luis Rodríguez, Rafael Ortega, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Oliveros, Rubén Carrillo, Evelyna D’Apollo y Gerardo Aponte. Sin embargo, en el documento inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, se lee que la junta directiva está compuesta por Yolanda Vanegas, Rainoa Martínez y Gerardo Aponte. Vanegas y Martínez son las esposas de los magistrados Gonzalo Álvarez y Gonzalo Oliveros, respectivamente. Asimismo, en el documento inscrito en la Cámara también aparecen los miembros honorarios, aunque varios de la lista habían decidido no participar.

En paralelo, y antes de la propuesta de constituir EIURIS, ya existía una sociedad en la que ingresó el supuesto «magistrado» y que era del «abogado» venezolano. Aponte urdió toda una estrategia para apoderarse de dos ONGs en Colombia (ASOCVENCOL, de Pages, y ASOVENEZOLANOS, lo cual parcialmente logró). Al no poder avanzar jurídicamente en este proceso por intervención de sus fundadores, al 12 de abril de 2017, unos meses antes de que llegaran los funcionarios a Bogotá, —y de que fueran designados, de hecho, magistrados—, Aponte y Oliveros conformaron una organización sin fines de lucro denominada Asociación de Migrantes de Venezuela —o mediáticamente conocida como ASOVENEZUELA—.

En el documento inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá se lee que la fundación, conformada con el propósito de «promover los derechos de los migrantes en la República de Colombia», es dirigida por Gonzalo Oliveros, Gerardo Aponte, Rainoa Martínez y dos nombres nuevos: Gabriel Mazzali y Ricardo Castillo Serrano.

De acuerdo con Daniel Pages y dos fuentes más, que prefirieron el anonimato, ASOVENEZUELA se constituye, en parte como una mutación de ASOVENEZOLANOS, creada en 2012, y luego de robar la base de datos de ASOCVENCOL.

«Se llevaron la base de datos, llamaron a casi todos los integrantes de ASOCVENCOL para llevárselos a su nueva asociación. Redireccionaron el dominio principal de www.asocvencol.org a su nueva Asociación y otros actos que, para mí, son de mala fe», dice Pages.

Se vuelve importante destacar, con respecto a las organizaciones y según los documentos inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá, que tanto EIURIS como ASOVENEZUELA son conformadas con un patrimonio sumamente pequeño: 100 mil pesos (menos de USD $40).

El abogado y el «magistrado»

Las mañas no se suprimen. Aponte no las suprimió, al menos. Y los testimonios sobre manejos turbios siguieron apareciendo. Sin embargo, ahora con un nuevo factor: todo el proceso era nimbado por la honorabilidad inherente al cargo de magistrado. Un plus.

Mientras se iba tejiendo toda una trama en Bogotá, en paralelo cabalgaban los procesos políticos. En octubre de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia sufrió una tercera escisión —luego del secuestro de Ángel Zerpa y la dimisión de Jesús Rojas Torres—. Lo que empezó en un lujoso restaurante de Bogotá no terminaría y ese mismo mes Gonzalo Oliveros notificó su decisión de apartarse del «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio». Sin embargo, por alguna razón, su dimisión no implicó el abandono del título de magistrado. Oliveros siguió considerándose uno más.

Ahora era una dupla notable, aliada con los mismos propósitos. El presunto «magistrado» y el «abogado» venezolano. Ambos, junto a un grupo de colaboradores, cimentaron el terreno para que prosperara la que hoy es una de las organizaciones no gubernamentales de venezolanos más conocida en Bogotá: ASOVENEZUELA, con oficina en Chapineros, en la Calle 63A.

Terminó 2017 y ASOVENEZUELA siguió creciendo como ONG. En su cuenta de Instagram se hacen llamar «defensores de los derechos de los migrantes venezolanos» y su principal servicio es ofrecer asistencia a todo venezolano que llega a Bogotá luego de dejar su país. No obstante, los vicios que arrastraba Aponte empezaron a empañar la labor.

El primer caso que hizo ruido fue el relacionado al sistema de salud de Bogotá. Un patrón fue detectado en la secretaría de Salud y detonó, primero la sospecha, y luego una investigación formal. Decenas de tutelas —o demandas contra el Estado— llegaban a las puertas de la Secretaría Distrital de la capital y todas eran presentadas por venezolanos bajo características similares. Llegaban, al menos, según testimonios de Secretaría de Salud, de 30 a 50 tutelas diarias. Se trataba de una sobrecarga.

Migrantes argumentando que sus derechos no eran garantizados cuando antes no habían, siquiera, tocado la puerta. Fue entonces cuando una investigación impulsada por funcionarios, incluso a espaldas de Secretaría, llevó a apuntar en una misma dirección: ASOVENEZUELA.

Uno de los servicios que ofrece la organización de Oliveros y Aponte era el de las tutelas para, presuntamente, presionar al Estado colombiano y obligarlo a brindarle ciertos derechos a los venezolanos migrantes. Lo que no decían a sus clientes —desconcertados por su dramática realidad y, en la mayoría de los casos, ajenos a cualquier discusión jurídica— era que jamás correspondió hacer tutelas y que, en caso de requerirlas, el servicio era ofrecido de manera gratuita por la Personería de Bogotá. En ASOVENEZUELA, en cambio, cobraban.

Sin saber que se trataba de una estafa, los venezolanos, muchos en condición de indigencia, invertían todos sus esfuerzos en acompañar el proceso que la organización iniciaba de forma marginal. Porque, astutos Oliveros y Aponte, su firma o nombre jamás aparecía en algunos de los documentos que sus clientes presentaban ante el Estado colombiano. No tenían por qué firmarlos. Al final, se trataba de presuntas iniciativas de los migrantes.

El modo de operar fue confirmado por la venezolana Dayana Camacho de la organización COLVENZ (Colonia de Venezolanos en Colombia) al contar al PanAm Post una experiencia que había tenido con los miembros de ASOVENEZUELA.

«En una reunión en Cancillería, en la que también estaba Gonzalo Oliveros, a mediados de 2018, Ricardo Castillo me contacta y me ofrece ser parte de ASOVENEZUELA y EIURIS», dice Camacho, quien le respondió que no participaría porque «ni siquiera estaba físicamente dispuesta para hacerlo». Castillo le insistió y le dijo: «No importa. Tú solamente captarías a los clientes y nosotros hacemos todo el trabajo. Aquí en Bogotá lo que hay que hacer es tutelar. A toda esa gente hay que tutelarla».

Camacho se extraña cuando le mencionan las tutelas. Ya había llegado a sus oídos el murmullo sobre lo que ocurría con Secretaría de Salud y, además, estaba al tanto de que el procedimiento de imponer una tutela ante el Estado es completamente gratuito. «Si, lo es. Nosotros no le cobramos nada a la gente. Solo les cobramos los gastos administrativos».

Gastos-administrativos. Difícil de determinar. Camacho pidió explicación, pero Castillo no aclaró. Simplemente se refirió a que, «tú sabes, los gastos relacionados al proceso… Todo eso cuesta plata».

Dayana Camacho, quien era la encargada de la organización COLVENZ en Soacha, un municipio del departamento de Cundinamarca, pudo verificar tres casos de migrantes venezolanos estafados por ASOVENEZUELA. «Ellos no saben que fueron estafados, pero eso es lo que es. Una estafa», dice Camacho, notablemente conmovida.

Uno de los casos es el de un señor, un anciano, cuyo nieto no pudo inscribirse en el colegio porque había confiado en que una tutela contra Secretaría de Educación de Bogotá prosperaría y presionaría al Estado para darle el cupo. El cuento retorcido se lo habían vendido unos abogados venezolanos, quienes le aseguraron que solo bajo ese procedimiento su nieto podía entrar al colegio.

«Cuando lo vi estaba llorando. Muy afectado. No sabía que lo habían estafado y no entendía lo que había ocurrido. Pensaba que le darían el cupo. Y le cobraron 50 mil pesos por supuestos gastos administrativos. Esta es gente que ni siquiera tiene para comer», dice Camacho.

Otro caso es similar y, el tercero, es el de un migrante, de los que habían llegado a Bogotá luego de caminar días desde Cúcuta y desgastar los zapatos hasta romper la piel, al que le habían prometido que su hijo podía entrar al colegio, pero ni siquiera contaba con el Permiso Especial de Permanencia (PEP). «¿Cómo les dicen que pueden inscribirse en el colegio cuando ni el PEP tienen? Ellos conocen los procedimientos. Discúlpame, pero es una estafa», insiste Dayana Camacho.

Suena poco dinero 50 mil pesos. Unos 16 dólares. Pero quizá no es poco, al final. A Secretaría de Salud llegaban entre 30 y 50 tutelas diarias. Y no es igual quitarle 15$ a quien arrastró los pies desde Cúcuta a Bogotá, a estafar por 6 mil dólares a un empresario ítalo-venezolano millonario.

Asimismo, el PanAm Post pudo constatar otro caso en el que ASOVENEZUELA sugirió a un nacional colombiano aplicar a una solicitud de refugio. El joven, que por temor pidió no ser identificado, relató: «Yo soy colombo-venezolano. Vivía en Venezuela y me tuve que ir por razones políticas. Gerardo Aponte me hizo solicitar refugio, diciéndome que era más viable que lo hiciera como venezolano y que así me lo darían».

«Luego se desapareció», dijo el joven, «y no me respondió más. Yo me estaba metiendo en un problema enorme. Me estaban llevando a incurrir en estafa al Estado colombiano».

La encargada de COLVENZ, Camacho, cuenta que las personas eran captadas por ASOVENEZUELA «en las jornadas que hacían en Soacha y Bogotá. Las hacían, por cierto, junto a otra fundación que se llama Manitos Amarillas».

Un miembro de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela —que reúne decenas de organizaciones de venezolanos en Colombia—, que pidió no ser identificado, confirmó que Manitos Amarillas y ASOVENEZUELA se han aliado para la realización de jornadas y que no se vinculan al resto de las fundaciones, que sí trabajan coordinadas.

Camacho comenta que, aunque sí aparece en los eventos oficiales, Gonzalo Oliveros no suele presentarse en las jornadas organizadas por ASOVENEZUELA. Gerardo Aponte, en cambio, sí participa.

«Ellos tienen una sede en Chapineros. Nosotros quisimos tener una sede y económicamente era imposible», subraya Camacho, quien asegura que, ante el ruido que se empezó a generar en Soacha por los casos de estafados, los miembros de ASOVENEZUELA «no volvieron a presentarse por allá».

Los de Soacha no son los únicos casos que refuerzan la certeza ante la edificación de una ruin red de estafas y corrupción en Bogotá. Basta con preguntar a algún miembro del Gran Acuerdo Venezuela para constatar las inmensas reservas que guardan todos con respecto al «magistrado» y el «abogado».

Por otra parte, en octubre de 2018, Gerardo Aponte y Ricardo Castillo Serrano constituyeron una empresa denominada VECOL ABOGADOS SAS. La conformaron con un patrimonio de 400 mil pesos (unos 130 dólares).

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