Vozpópuli: Maduro evita facilitar datos sobre excargos chavistas acusados de blanquear en España

Liliana Ochoa
Vozpópuli

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid emitió a principios de año una comisión rogatoria a las autoridades de Venezuela para solicitar información sobre varios excargos del Gobierno bolivariano acusados de blanquear dinero en España. Según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, el régimen de Nicolás Maduro aún no ha dado respuesta.

El magistrado Juan Carlos Peinado, a petición de la Fiscalía anticorrupción, requirió a Venezuela que facilitara la presunta investigación que el ministerio público de ese país tiene contra los supuestos cabecillas de la «organización criminal« acusada de saquear a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a Corpoelec -la eléctrica de los apagones- y de blanquear ese dinero a través de la compra de inmuebles en ciudades como Madrid y Marbella.

Según la Fiscalía del país caribeño, los investigados, «aprovechando su influencia en los círculos de poder, (…) organizaron un sistema de comisiones en relación a contratos públicos de la empresa PDVSA». En un escrito, recogido por Vozpópuli, el organismo adscrito a la vicepresidencia de Venezuela considera que varios excargos de la petrolera obligaron a las empresas que accedían a las licitaciones a contratar con presuntos servicios de asesorías a cambio de adjudicaciones.

Origen ilícito de las inversiones en España

Fuentes jurídicas han informado a Vozpópuli que los fiscales españoles pidieron formalmente acceder a los datos de la investigación desarrollada en Venezuela con la intención de demostrar al juez de instrucción el origen ilícito de las millonarias inversiones en España de exjefes de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La querella criminal que dio origen a la investigación en Madrid fue interpuesta por la propia estatal de petróleos venezolana contra Roberto RincónAbraham ShieraRafael ReiterJavier Alvarado y otras nueve personas. PDVSA les acusa de haber defraudado al menos 500 millones de dólares al auto concederse contratos de compra de material a sus propias sociedades y amañar licitaciones en beneficio propio para luego blanquear el dinero en España.

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