Alex Saab saqueando El Dorado venezolano

ANTONIO MARIA DELGADO
El Nuevo Herald

El oro venezolano, que en mucho podría aliviar las dificultades de millones que subsisten bajo condiciones de hambruna, está siendo saqueado a manos llenas por un consorcio controlado por el gobernante Nicolás Maduro y hombres claves de su régimen, quienes contrabandean cientos de millones de dólares del metal precioso y entregan sólo una minúscula porción a las arcas del Estado, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.

El consorcio cuenta con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas del oro al año, pero también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de usar la violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible, tácticas que podrían aportarles otras 12 toneladas al año, dijeron las fuentes a el Nuevo Herald.

Múltiples testimonios recogidos en la elaboración del este artículo confirman que la operación podría estar generando más de $1,500 millones al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas, en un negocio en el que la familia presidencial emerge como el principal beneficiario.

“Quién está al frente de esa empresa criminal es Maduro”, dijo a el Nuevo Herald Manuel Cristopher Figuera, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) bajo el propio Maduro antes de romper con su régimen a inicios de este año y viajar a Estados Unidos.

“Es algo sin precedentes el saqueo que ha hecho la empresa criminal que administra Maduro al frente del estado. Es algo nunca antes visto”, agregó Cristopher Figuera en una reciente entrevista realizada en Miami.

El Nuevo Herald conversó con militares, funcionarios y trabajadores familiarizados con las operaciones a gran escala de explotación de oro, que junto al narcotráfico, la corrupción y el contrabando de otros minerales sostienen actualmente al régimen.

Al centro de la operación minera se encuentra el Complejo Industrial Domingo Sifontes, que con sus plantas de cianuración en el estado sureño de Bolívar procesa cerca de un 80 por ciento de la producción del país, según datos del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico.

Pero desconocido hasta ahora es el hecho de que el consorcio se queda con más de dos tercios de la producción total, que luego son contrabandeados fuera del país en vez de ser depositado en el Banco Central de Venezuela, como estipula la ley, dijeron las fuentes consultadas.

¿Quiénes son los beneficiarios? Un puñado de figuras claves del régimen que controlan la operación, dijeron militares venezolanos a El Nuevo Herald.

Entre los dueños de las distintas compañías que forman parte del consorcio figuran el vicepresidente Tareck El Aissami; el hijastro de Maduro, Walter Flores; el comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, y el empresario colombiano Alex Saab. Todos ellos han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por estar implicados en operaciones de corrupción, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos.

La máxima cúpula del régimen venezolano ha saqueado miles de millones de dólares de las arcas del estado durante las dos décadas que ha durado la revolución socialista iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, absorbiendo a través de múltiples entramados de corrupción gran parte de la renta petrolera y los fondos obtenidos a través de gigantescos préstamos que fueron contraídos por la nación pero que nunca llegaron a ser gastados en programas sociales y en el desarrollo del país, dijo un militar retirado que habló bajo condición de anonimato.

Pero la explotación de oro les ofreció un nuevo horizonte de oportunidades, ya que fue el propio régimen el que creó sus propias reglas de juego que les permite operar sin ningún tipo de fiscalización.

“Cuando llegaron, encontraron que el petróleo estaba completamente mecanizado, dominado por reglas e instrumentos de fiscalización que tenían que evadir. Eso generaba dificultades para robarse la riqueza y les tomó tiempo meter a su gente y fue después de todo un proceso de preparación que pudieron saquear. Cosa que hicieron hasta llevarla a la quiebra”, dijo una de las fuentes familiarizadas con la situación que habló bajo condición de anonimato.

“Con el oro es distinto, porque el oro no tiene fiscalización. Si el complejo procesa mil kilos de oro, nadie las fiscaliza. Y ellos mismos se reparten el botín”, agregó.

El régimen de Maduro no respondió a solicitudes de entrevista enviadas por correo electrónico.

EL CONGLOMERADO

El Complejo Industrial Domingo Sifontes — identificado como la columna vertebral de la operación — es controlado por Eduardo José Rivas, hombre de confianza de la familia presidencial.

El día de la inauguración del complejo, ubicado en el sector Nacupay de El Callao en el sudoriental estado Bolívar, el entonces ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, alabó la participación en el proyecto de seis compañías privadas que invirtieron en la construcción de nuevas plantas de cianuración para optimizar la recolección de oro de la zona.

Éstas plantas “son más eficientes porque recuperan hasta el 90 por ciento del oro del material aurífero a procesar y además permite remover las millones de toneladas de arenas auríferas o colas que se han acumulado en las zonas mineras de Bolívar durante décadas de explotación descontrolada, y así sustituir el uso del mercurio, un metal que genera un enorme impacto ambiental”, manifestó el ministro durante el evento del 10 de mayo del 2018.

Lo que no divulgó el ministro es que cada una de las empresas que conforman el complejo — Inversiones RPL, Invertrade, Corporación Petroglobal, Mipre, Inversiones Glenduard, e Inversiones Oriente — son controladas por altas figuras del régimen que recibiendo distintas porciones en el negocio se han convertido en los beneficiarios directores de las operaciones de la explotación de oro.

Documentos obtenidos por el Nuevo Herald muestran que El Aissami, sancionado por narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, es uno de los dueños de Inversiones Glenduard. El también sancionado Benavides Torres tiene participación en Invertrade, mientras que los igualmente sancionados hijos de Cilia Flores, Walter y Yosser, tienen su tajada en Mipre.

En los documentos, Rivas aparece como dueño o presidente en varias de las compañías, incluyendo Glenduard, Invertrade, Mipre y Petroglobal, mientras que el también sancionado Saab figura como el gran financista en varias de las plantas.

Saab, empresario colombiano identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales socios de Maduro, fue sancionado por Washington en julio por operar un millonario sistema de corrupción relacionado con el programa de importación y distribución de alimentos conocido en Venezuela como CLAP.

Entre las personas sancionadas ese mismo día por participar en el mismo esquema de corrupción se encontraban los hijos de Flores — Walter, Yosser y Yoswal — “a quienes Saab canalizó dinero a cambio de tener acceso a contratos con el gobierno de Venezuela, incluyendo su programa de subsidios de alimentos”, dijo el departamento del Tesoro en un comunicado.

“A través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios y miembros familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares obtenidos a través de la corrupción a través del mundo”, dijo el comunicado. “Alex Saab se asoció con allegados de Maduro para operar una red de corrupción de gran escala que utilizaron indolentemente a la población hambrienta de Venezuela”.

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