La tramoya del fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust | Venezuela

El Nacional

A finales del mes de febrero de 2018, el fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust introduce dos demandas coordinadas en forma simultánea. Se trata exactamente del mismo litigio, en contra de los mismos actores, una se introduce en Florida (demanda civil con fines de lucro) y la otra en Ginebra (querella). La estrategia se basó en presionar y producir algún tipo de prueba a través del fiscal en Ginebra y alimentar así el caso en Florida donde, según experticias realizadas durante el juicio y las investigaciones, no existe aún algún elemento probatorio sobre estafa, lavado, soborno y/o espionaje electrónico.

El fideicomiso se formó por un lado, en Venezuela, por el entonces ministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, y el ilegítimo procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, bajo los lineamientos de Wilmer Ruperti. Por otro lado, a nivel internacional, el parapeto legal es formado por David Boies, reconocido abogado defensor de Campo Flores y Flores Freitas en el famoso caso por tráfico de sustancias ilícitas, y con la participación adicional del detective privado John Brennan.

Los daños a PDVSA: los famosos 10 mil millones de dólares

La cifra querellada surge de un informe de Brennan, participante con interés directo en cualquier beneficio obtenido por el fideicomiso, y parte de los supuestos daños ocasionados a PDVSA por la manipulación de precios. Es sugerente el hecho de que al revisar la experiencia de Brennan, se pudo rescatar su falta de experticia en el sector petrolero. Así el monto creado, dada su variabilidad, al parecer exclusivamente con fines mediáticos, osciló desde una declaración inicial de 10 mil millones de dólares, pasando por 40 mil millones de dólares, hasta reducirse en algún momento a 3 mil millones de dólares. Lo anterior, es un importante indicativo, de lo incierto de su origen. Lo registrado es que el monto fue presentado desde un inicio por Boies y Brennan, ambos con interés directo y porcentajes de cobro de cualquier dinero que se obtenga del litigio, bien sea por el acuerdo entre las partes o vía alguna sentencia.

En una extraña paradoja, luego de revisar la documentación presentada por Brennan, en el récord público, se puede verificar que la misma carece de elementos probatorios sobre alguna transacción comercial ilegal o sospechosa identificada por Pdvsa. Asimismo, tampoco se registran transacciones que indiquen reajustes de precios para favorecer a algún cliente. Es decir, los supuestos daños ocasionados a Pdvsa, no son descritos ni respaldados en el informe que da pie a la demanda. Mientras que Helsinge y otras grandes empresas petroleras (Lukoil, Glencore, Trafigura y Vitol, entre varias) han podido demostrar –a través de distintas averiguaciones judiciales– que todas las adjudicaciones obtenidas, y sus negociaciones con Pdvsa, han sido a través de licitaciones públicas, producto de la competencia y siempre pagando el mejor precio, ya sea en la compra o venta de petróleo o sus derivados.

Así, es notable que luego de varios meses de investigación y acciones judiciales, la cantidad ideada por Boies y Brennan, no se encuentra depositada en cuenta alguna. Tampoco se han congelados bienes que representen estos miles de millones tan anunciados y repetidos por muchísimos profesionales del derecho y opinadores, profundos desconocedores del mercado petrolero, a quienes Ruperti ha logrado manipular, con un uso masivo de los medios noticiosos. A la fecha, no hay ningún detenido y no se han generado cargos.

El complejo mundo petrolero

Al conversar con expertos petroleros, en aras de entender el alegato de la acusación, señalan que el mercado petrolero se regula por distintos factores de mercado alrededor del mundo, principalmente por el mercado financiero a futuro, en donde se transan a diario el equivalente a la producción mundial de los siguientes tres meses. Así, les resulta cuestionable la tesis de que las empresas demandadas por el fideicomiso, pudiesen manipular un indicador regulado por factores fuera del control de incluso países y gobiernos, como lo son: la fortaleza del dólar, accidentes operacionales, desastres naturales como terremotos, huracanes o eventos geopolíticos, en fin, incontables elementos que afectan la oferta y demanda del petróleo y sus derivados a nivel mundial.

Asimismo descartan que Pdvsa comercialice su producto a un precio fijo. Los precios del petróleo –por los cuales se rige la petrolera en sus transacciones comerciales– se fijan y son transados como un descuento o una prima con respecto a indicadores del mercado internacional. Estos indicadores, como el WTI o el Brent, son públicos y universales y en este sentido no pueden ser manipulados. Así, insisten que es imposible manipular los precios del petróleo a nivel nacional y menos aún, a corto plazo, para un día específico. Para ilustrar lo anterior, mencionan a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, organización económica de ámbito mundial que intenta controlar los precios del petróleo mediante la regulación de la producción. De esta manera, han logrado establecer tendencias que se dan únicamente en el largo plazo. Lógicamente, siendo improbable la supuesta manipulación de precios, tampoco es posible la absurda estafa publicitada de miles de millones de dólares.

La captación de participantes: las fichas de Ruperti

El artífice de esta trama legal es Wilmer Ruperti. Así, para entender la selección y reclutamiento de los personajes es necesario remontar en el tiempo a diferentes procesos judiciales en los cuales se ha visto envuelto el cuestionado petrolero. En alguna de estas, al igual que con el PDVSA US Litigation Trust, personificando de manera fraudulenta a la empresa estatal Petróleos de Venezolana.

En demanda anterior ocurrida en Ginebra en fecha 21 de marzo de 2017 y expediente SV.17.0485-SKA en record público, Daniel Sargeant dueño mayoritario de la empresa Latin American Investment Limited demanda a Maroil Trading y a su dueño Wilmer Ruperti por la cantidad de 67 millones de dólares americanos. Los demandantes reclaman la participación que les corresponde de un “acuerdo extrajudicial fraudulento” ejecutado entre Pdvsa y Ruperti.

Este truculento acuerdo fue el resultado de un engañoso reclamo en donde se utiliza como excusa un contrato de uso de flota petrolera la cual, por mutuo acuerdo entre las partes, había sido retirada del servicio de Pdvsa. En esta oportunidad, Ruperti reclama a la petrolera, sin basamento legal alguno y aún cuando Pdvsa no incumplió ningún contrato, y logra un pago autorizado por su vicepresidente Jesús Luongo (detenido actualmente) de 270 millones de dólares americanos. Extrañamente, el dinero fue entregado exclusivamente a Ruperti –dejando por fuera a los dueños mayoritarios– y a una entidad desconocida y no relacionada llamada Intercontinental View Inc, registrada en Panamá, a la cual, misteriosamente, Ruperti le cede sin ninguna contraprestación, ni explicación, 64 millones de dólares americanos, monto depositado en la cuenta número 10.609230.0 de un banco suizo llamado Banca Zarattini & Co.

Por un lado, parte de esos fondos los utilizó el petrolero para satisfacer lo reclamado por la empresa naviera rusa Novoship, que lo demandó por fraude y consiguió sentencia en Inglaterra. En esta nueva aventura judicial del magnate petrolero se le acusa el haber simulado ser Pdvsa, utilizando a la empresa de su propiedad, registrada en Panamá, llamada PMI trading. Con dicha empresa simuló ser PDVSA Marketing International S.A (PMI) la subsidiaria real de Pdvsa. Asimismo, Ruperti simulaba ser Novoship, empresa estatal rusa, utilizando otra empresa panameña de su propiedad llamada Novoship America. Resultado de este litigio, Novoship logra congelar fondos alrededor del mundo, en incluso las tarjetas de crédito de Ruperti, que pasaba malos momentos sin disponibilidad de dinero. En esta oportunidad, el abogado defensor de Ruperti fue Guerric Canonica, que ahora dice representar a Pdvsa en la investigación penal que se lleva a cabo en Ginebra.

Por otro lado, una pequeña parte de la suma transferida fue utilizada por Ruperti para pagar al escritorio Boies Schiller Flexner LLP, propiedad de David Boies, la defensa de dos venezolanos acusados de intento de tráfico de drogas en Nueva York, los Campo Flores y Flores Freitas, caso muy conocido en Venezuela.

En tanto, William Duker, financista del Pdvsa US Litigation Trust (que es un ex abogado inhabilitado y un delincuente convicto por fraude de la justicia americana), declaró en corte que durante el caso Novoship vs. Ruperti la información de la localización de bienes y cuentas del demandado fue una labor del detective privado John Brennan, contratado por Novoship. En su momento, como contrapartes judiciales, Ruperti intentó sobornar a Brennan y posteriormente, una vez cerrada esta demanda, decidió llamarlo para contratar sus servicios en la trama del fideicomiso.

Esto ubica a Ruperti, junto a tres figuras muy importantes del caso Pdvsa US Litigation Trust: el investigador John Brennan, el abogado David Boies y el abogado Guerric Canónica, que ahora dice representar a Pdvsa en la querella que se lleva a cabo en Ginebra. Es notable y alarma el descarado conflicto de intereses entre Canónica y el fiscal Johan Droz, que llevaba la causa en Ginebra. Trabajaron juntos en el mismo bufete, perteneciente a la Familia Canónica, que poseen en conjunto con Droz una sociedad activa y operativa registrada en Luxemburgo.

En este contexto, todos cercanos a Ruperti y presentes en la demanda del Pdvsa US Litigation Trust, también se encuentra Vanessa Acosta Friedman ex esposa de Francisco Morillo, uno de los demandados por el fideicomiso. Acosta Friedman, habiendo previamente intentado chantajear a su ex esposo, acude y se relaciona sentimentalmente con Ruperti. Consta en la declaración jurada de William Duker la relación de larga data que mantiene Acosta Friedman con Ruperti y su papel en aportar la supuesta evidencia al caso. Así las cosas, en la demanda formal, de acceso público (caso 1:18-cv-20818), Acosta Friedman dice tener un computador portátil supuestamente perteneciente a Morillo, al respecto curiosamente se documenta, a medida que avanzó el caso, como modifica en cinco oportunidades su versión sobre el origen del equipo y el manejo del mismo. Por un lado, argumenta haber sufrido, desde el año 2009, un entramado de persecución por la devolución de la máquina. Por otro lado, finalmente, declara el total desconocimiento de la existencia del computador hasta el año 2015 cuando “casualmente” lo encontró.

Para consolidar su idea del fideicomiso, Ruperti acude al abogado Roberto Mirabal Acosta, del desconocido bufete Mirabal, Salinas & Asociados que “casualmente” despacha desde la oficina donde opera la empresa Global Ship Management propiedad de Ruperti. Lo anterior, según pudimos constatar en los RIF de ambas empresas (AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA EDIFICIO PARQUE CRISTAL PISO 13 OF 13-10 URB LOS PALOS GRANDES CARACAS, CHACAO, MIRANDA ZONA POSTAL 1061). En febrero 2017, Mirabal acababa de ser cesado del cargo de ministro del Desarrollo Minero Ecológico, con el cual participó en los cuestionados juicios internacionales por la expropiación de concesiones de empresas mineras a las cuales posterior a la indemnización por la expropiación se le vuelven a otorgar las concesiones. Aquí compartió roles de negociador con dos figuras del momento: el falso procurador, declarado como usurpador del cargo por la Asamblea Nacional de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza y el, para entonces, Ministro de Energía y Petróleo: Nelson Martínez. Respecto a la participación de ambos en el fideicomiso, incluso la corte Americana que presidió el caso del PDVSA US Litigation Trust comentó sobre la “autoridad cuestionable” de Muñoz Pedroza y Martínez para firmar el acuerdo de fideicomiso.

Esto coloca en la misma mesa, la de Ruperti, a todos los participantes del caso Pdvsa US Litigation Trust.

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