La historia que la hermana del testaferro venezolano Gustavo Mirabal Castro ya no puede contar

Condenada al ostracismo por su ¿intransigencia o rectitud?, María Gabriela Mirabal Castro, parte de una dinastía política venezolana, decidió usar los medios y las redes como tribuna para una campaña contra su propio hermano, Gustavo Adolfo, a quien denuncia como testaferro de Alejandro Andrade, el ex Tesorero Nacional y ex escolta del comandante Chávez que fue arrestado en Florida. Pero ahora se ha quedado sin ese púlpito por un conflicto que tuvo con un joven empresario que, asegura María Gabriela, actúa en complicidad con su hermano al llevarla a tribunales por unas desavenencias de condominio.

Según un reportaje de la web Armando.info Ese día acudió puntual a la cita en el juzgado 16 en función de Control del Área Metropolitana de Caracas. En un acto de imputación que se celebró a puerta cerrada y con dos horas de retraso porque el expediente estaba incompleto –y, de hecho, hasta esa mañana era desconocido por la defensa de María Gabriela–le dictaron, como medidas cautelares, prohibición de salida del país, prohibición de declarar a la prensa y, peor, prohibición de publicar en las redes sociales, tanto para ella como a terceros

De lo que sucedió en aquel recinto ese mediodía, del contenido del expediente y de lo que ha pasado después, no se pueden conocer los detalles. Ni María Gabriela, ni su defensa en nombre de ella, pueden revelarlos. Pero de cualquier manera trascendió por fuentes tribunalicias que le fueron imputados los delitos de violencia privada e instigación, en apariencia por un conflicto vecinal que arrancó en 2013, pero que la acusada ha denunciado como un nuevo episodio de un conflicto familiar con ramificaciones políticas que se inició mucho antes, en 2002, y que tuvo su punto de quiebre en 2007.

Un día de ese año 2007, Daniel Andrés, el hijo menor de María Gabriela, no regresó al apartamento en el que vivía con su madre y hermano en la urbanización Bello Monte, un barrio de clase media acomodada en el sureste de la capital venezolana. El joven –que recién había cumplido los 18 años de edad– se montó en un avión privado de su único tío materno y padrino de bautizo, Gustavo Adolfo Mirabal Castro, con destino a Florida, en Estados Unidos. Fue Gustavo Enrique, el hijo mayor de María Gabriela, el que le dio la noticia. Esa separación marcó también para María Gabriela el punto de ruptura definitiva con su hermano y, a la postre, con el resto de su familia.

Los Mirabal Castro eran una familia unida. Con sus problemas, pero unida. Así que cuando se divorció a los 27 años del padre de sus dos únicos hijos, María Gabriela no dudó en convertir al tío Gustavo Adolfo en la figura paterna de los niños. Él cumplió con su rol sin pretensiones: siempre les tenía algún regalito en diciembre y a veces los llevaba a comer en McDonald’s. Pero cuando comenzó a trabajar en el ahora disuelto Banco Industrial de Venezuela (BIV, una institución financiera del Estado), en 2002, junto a su presidente, Leonardo González Dellán, y a los seis meses dejó de vivir alquilado en el modesto Centro Polo, en Bello Monte, y compró aquella casa grande en la urbanización Cumbres de Curumo, en Caracas, y otra en La Romana, en República Dominicana, y otra más en Londres, Inglaterra, y aquel avión para volar hasta esas y otras propiedades, y aquel Maserati para movilizarse por tierra, el tío Gustavo Adolfo se volvió más espléndido.

Empezó por regalarle a su ahijado Daniel Andrés el pasaje para el viaje de graduación del colegio a Cancún, en México, al que su madre no quería que fuera por no haber aprobado el último año de bachillerato, y continuó con aquel traslado a Miami, donde le daría la misma vida de lujos que él y otros miembros de la familia ya vivían, y a la que se incorporaría, cuatro años después, Gustavo Enrique, el hijo mayor de María Gabriela, el más cercano a ella.

A través de González Dellán, Gustavo Adolfo había conocido al extesorero chavista Alejandro El Tuerto Andrade, también ex oficial del ejército y ex escolta personal de Hugo Chávez, sentenciado en Florida a diez años de cárcel, tras haber admitido que recibió en su momento más de mil millones -un millardo francés, o un billón anglosajón- de dólares en sobornos durante su gestión. Desde el principio a Andrade y a Gustavo Adolfo los unió una pasión: los caballos. Y, quizás, algo más. María Gabriela ha asegurado en entrevistas que se han difundido por las redes sociales que su hermano Gustavo Adolfo se convirtió en “el perfecto testaferro” de Andrade, gracias a su buena posición social de cuna y a sus relaciones.

Ambas cosas -su posición social y el conjunto de sus relaciones- cambiaron casi de la noche a la mañana. María Gabriela, que se percató de ello, no quiso que sus hijos gozaran de los beneficios de una fortuna de cuyos orígenes sospechaba. Ella se habría conformado con que sus hijos pasaran sus vacaciones en la isla de Margarita, una meca turística sobre el Caribe venezolano, o, con suerte, llevarlos alguna vez a Miami. Pero Gustavo Adolfo y el nuevo séquito al que se incorporó tenían otros planes.

Un par de semanas después de que Daniel Andrés abordara aquel avión privado que lo llevó a Florida, siempre según lo que ha contado María Gabriela Mirabal en diversas oportunidades previas, recibió una llamada de su cuñada Carolina Mirabal, la segunda esposa de Gustavo Adolfo, en la que esta le propuso que se fuera para allá y que se quedara con ellos, que hiciera las paces con su hermano, que recuperara a sus hijos.

Se negó, con una tozudez que se supone heredada de sus abuelos paternos, y que le ha costado caro.

Rechazó otros acercamientos, rechazó bienes, rechazó dinero. A ella, insistía, nada ni nadie la iba a callar. ¡Ni su propia sangre! De hecho, habló más alto: en programas de radio. Y en las redes sociales comenzó a mostrarse, en cuentas que algunos atribuyeron a su hermana, el nombre de Gustavo Adolfo Mirabal Castro, hasta entonces un desconocido para la opinión pública, junto a fotos de lujos excesivos. Pero, en 2013, las cosas se enredaron cuando el problema familiar se mezcló con el vecinal y, finalmente, lograron callarla. Al menos temporalmente.

En su laberinto

Podría decirse que fue casualidad que el acto de imputación de María Gabriela Mirabal se celebrara un día antes del juicio de Andrade en la corte del sur de Florida. Seguramente lo fue. Debía celebrarse en diciembre de 2017, pero fue diferido en varias oportunidades.

Pero María Gabriela insiste en que ambos casos están muy relacionados. Ella ha denunciado varios vínculos, entre ellos que el bufete Mirabal y Asociados, del que su hermano Gustavo Adolfo es miembro, habría gestionado la incorporación de una empresa en Panamá, Rickard INC, de la que José Jesús Di Mase Carvallo, su denunciante por segunda vez, fue socio.

Di Mase, sin embargo, niega tal vínculo: “No conozco, no tengo, ni he tenido contacto, y mucho menos relación alguna, con los señores (Raúl) Gorrín (el dueño del canal de noticias Globovisión, acusado por la justicia estadounidense de ser testaferro de Andrade), Andrade, (Gustavo) Mirabal o cualesquiera personajes relacionados al espectro de su entorno (el de María Gabriela)”, reiteró en una declaración a Armando.info, a través de un correo electrónico.

De acuerdo con documentos de los denominados Panama Papers -una filtración recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en Washington DC-, Di Mase recurrió al bufete panameño Mossack Fonseca, a través del abogado venezolano Carlos Siso Olavarría, para registrar varias empresas. Una de ellas es Rickard Inc, constituida en octubre de 2011, y que tenía como accionistas, además, a Nelson Olmedillo, Arie Davidescu Guelrud y Camilo Menasche.

Según explica Di Mase, quien ha denunciado a María Gabriela en dos oportunidades, la última de ellas con las consecuencias que se conocieron, esa  empresa fue constituida para llevar a cabo un proyecto de un restaurante en Panamá. Sin embargo, siempre según su relato, dicho proyecto no se habría llevado a cabo por la muerte de uno de los socios, Olmedillo, en un accidente. Él asegura que la compañía “jamás fue utilizada” y que fue cerrada a finales de 2013.

Sin embargo, de acuerdo con información del registro público panameño, publicada en el portal Open Corporates con actualización al 15 de junio de 2018, Rickard Inc  seguía vigente este año, aunque sin los nombres de los socios iniciales.

Lo que sucedió en 2013, fuera de cualquier duda, fue el inicio de los problemas de Di Mase con María Gabriela, quien era su vecina en el edificio ubicado en Bello Monte en el que la habían abandonado sus hijos. El 17 de octubre de ese año, María Gabriela denunció a Di Mase ante la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del municipio caraqueño de Baruta, por pretender construir una tercera planta en su pent house.

Casi cuatro años después, el 31 de mayo de 2017, mediante resolución 376, la referida dirección de ingeniería municipal sancionó con multa y orden de demolición a Di Mase y a su esposa. Pero el problema no quedó ahí. En el interín, en 2014, Di Mase denunció a María Gabriela por primera vez, por hurto agravado de cámaras y bienes de la comunidad.

El 10 de octubre de 2014 una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía auxiliar del poder judicial) de otra jurisdicción se presentó, sin orden de aprehensión ni otros recaudos, en la residencia de María Gabriela Mirabal. Así consta en la decisión Juez 19º de Control del Área Metropolitana de Caracas, al desestimar la denuncia de Di Mase. En ese documento, el juez llega a afirmar que se trató de un caso de  “terrorismo judicial”.

En esa ocasión, cuando tocaron a su puerta y ella vio lo que parecían ser funcionarios del Cicpc, no dudó un segundo en abrir. Inmediatamente los hombres la tomaron por las manos, la esposaron, le cubrieron el rostro y la montaron en una camioneta.

La presentaron en el tribunal 19 de control, donde le hicieron la imputación de hurto agravado y le dieron régimen de presentación cada quince días. “El secuestro”, como ella ha insistido en llamarlo, fue el primero de una serie de eventos más que desafortunados, detrás de los que María Gabriela –insiste– está Di Mase en complicidad con el hermano que ha denunciado por tantos años.

Unos días después, el 5 de noviembre de 2014, la fiscalía 135 del área metropolitana de Caracas prohibió a Di Mase el acercamiento a María Gabriela. “Por considerar que la integridad física y psicológica de la ciudadana denunciante podría verse afectada ante los hechos denunciados por la misma, y vista la verosimilitud de los mismo (sic), resulta idónea esta Medida (sic) a los fines de proteger su integridad física y salud mental, esto con la finalidad de evitar futuros actos de violencia”, reza el documento.

En un texto que circuló por esas fechas, y cuya autoría confirmó a Armando.info Di Mase, el empresario de 35 años de edad relató una sucesión de presuntos actos vandálicos que atribuye a María Gabriela Mirabal. Aseguró que los objetos robados se habían recuperado por medio de un allanamiento, “en el cual resultó detenida (María Gabriela) por varios días por las autoridades”. Aquel allanamiento al inmueble de María Gabriela sí se hizo con una orden, en enero de 2015, pocos días antes de la desestimación de la denuncia de Di Mase.

Pero, después de este hecho, la directora general de la oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género, Aracelis Zapata, emitió una comunicación dirigida a la fiscalía 135, en la que solicita “se tomen consideraciones del caso” de María Gabriela, y asegura que “la situación (la) perjudica emocional, física y psicológicamente por sentir miedo al enfrentarse al ciudadano (Di Mase) que la agrede en las escaleras”.

En el texto que divulgó por aquellas fechas, Di Mase aseguró que su vecina, Mirabal era la que tenía una “actitud violenta”. Cosa que reafirmó en septiembre de 2017, pocos meses antes de abandonar el inmueble en el que María Gabriela aún permanece, cuando la denunció por segunda vez, alegando que ella presuntamente le había sacado una pistola y que le había roto la cabeza a su escolta.

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