Así una procuraduría paralela persiguió a rivales políticos del ex-presidente panameño Juan Carlos Varela

En la imagen Francisco Sierra y Kenia Porcell, procuradora general de Panamá

Al menos un funcionario de la Autoridad del Canal de Panamá participó en la conformación de una “procuraduría paralela» que funcionó durante el gobierno del ex-presidente Juan Carlos Varela, que buscaba incriminar a rivales políticos de Varela y constituirles causas penales.

Según la web Panamá América, Francisco Sierra, miembro de la directiva del Canal de Panamá, se mantuvo como uno de los hombres leales al ex-presidente Juan Carlos Varela, cuya administración es calificada como la peor de toda la era democrática panameña.

Incluso Francisco Sierra continuaría acompañando al exmandatario a restaurantes y otras actividades, luego que desde el inicio de su gobierno, Juan Carlos Varela lo nombrara como ministro consejero debido a sus vínculos con las empresas del empresario Stanley Motta.

Documentos filtrados revelaron que Francisco Sierra no solo fue y es parte del círculo cero de Juan Carlos Varela, sino que contribuyó con las reuniones convocadas por la llamada «Procuraduría paralela» que estructuró el abogado Rogelio Saltarín (q.e.p.d.) y su firma de abogados Saltarín, Arias y Asociados contratada a través del Ministerio de la Presidencia.

Se trató de un esquema irregular que logró penetrar el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad y todas las entidades del Estado con el fin de armar expedientes ilegales para luego judicializarlos, después que Kenia Porcell asumiera como procuradora.

De acuerdo con los informes que presentó la firma de abogados de Saltarín para poder justificar sus contratos ante la Contraloría, se realizaron 153 reuniones con 29 instituciones del Estado como parte del trabajo de asesoría penal que prestó para el Ministerio de la Presidencia.

El Consejo de Seguridad, liderado por Rolando López, fue la entidad más visitada por Rogelio Saltarín.

«Algunas de estas reuniones con el aparato de inteligencia del Estado ocurrieron con la presencia de otras instituciones. Participaban miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Autoridad de Aseo (AA), de la Dirección General de Ingresos (DGI), o del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN). Saltarín se reunió, durante esos 18 meses, en siete ocasiones con el para entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela, para —como dejó establecido en su informe de gestión, ‘coordinar tareas’. En algunas de estas reuniones con el mandatario participó la UAF», reveló una de las notas del diario La Estrella de Panamá.

Saltarín reveló reuniones con Francisco Sierra mientras fungía como ministro consejero de Juan Carlos Varela, además de otros ministros, funcionarios de Tocumen S.A., directores nacionales, y la misma Kenia Porcell, incluso cuando era procuradora en funciones.

Dentro de este esquema irregular nacieron los expedientes de casos como Finmeccanica, sistema de riego de Tonosí, y otros.

La información habría sido triangulada, en algunos casos, a través de supuestos testigos anónimos que hacían llamadas a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para hacerle el traslado a la procuradora Kenia Porcell, como sucedió en el llamado caso Blue Apple.

En octubre de 2018, cuando se conoció el caso de la «Procuraduría paralela», el entonces candidato presidencial, Laurentino Cortizo, se pronunció sobre el tema. Cortizo dijo que era preocupante que se inicien los expedientes fuera del Ministerio Público «porque pueden contaminarse».

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