Investigación muestra negocios irregulares entre ex-titular del Ministerio de Alimentación de Venezuela y el empresario sirio Naman Wakil

Por Maibort Petit
@maibortpetit
Venezuela Política

A través de una red de empresas que maletín que replica a compañías de alimentos de Brasil y de sus relaciones con altos funcionarios del Ministerio de Alimentación y agencias gubernamentales, el empresario Naman Wakil, estructuró una supuesta red de corrupción que le ha permitido ganar millones de dólares a expensas del erario público y de las necesidades del pueblo venezolano. Un documento, filtrado a Venezuela Política, refiere el contrato complementario o adendum a una orden de compra de 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo por USD 74.800.000 por parte de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), a una de las compañías de Wakil, a saber Perdigao Agroindustrial S.A., el cual sirve para ilustrar las denuncias acerca de los negocios irregulares que se han venido formulando desde diferentes instancias contra quien es uno de los proveedores de alimentos favoritos de la administración chavista.

La estrategia de Wakil y su red de empresas consistiría en la compra de comida a punto de vencimiento —y hasta en ocasiones podrida, a decir de fuentes internas consultadas bajo compromiso de anonimato— que luego es vendida al gobierno venezolano con gran sobreprecio.

Dos fuentes consultadas refieren que el exministro de Alimentación, Carlos Osorio es, presuntamente, una ficha indispensable para dar cumplimiento a esta trama de corrupción, pues desde sus altas posiciones en los despachos del ramo, habría amparado las operaciones irregularidades cometidas por Naman Wakil y sus empresas. De hecho, al poco tiempo de abandonar la cartera de Alimentación, fueron detenidos varios funcionarios acusados de enriquecimiento y manejo arbitrario de alimentos en Abastos Bicentenario, entre quienes se encuentran el presidente y la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Heber Aguilar y Bárbara Neidi Figueroa, así como la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario S.A, Bárbara González, dependientes del despacho que dirigió el general chavista[1]. La Asamblea Nacional declaró en 2016 la responsabilidad política de Carlos Osorio por la crisis alimentaria que vive el país[2].

El medio web Cuentas Claras Digital, que ha investigado ampliamente este asunto y lo ha dado a conocer a través de diferentes entregas, informó el 19 de abril de 2016 que Naman Wakil supuestamente pagó USD 5 millones 850 mil a Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados del general Carlos Osorio Zambrano, por facilitar la compra de 40.000 toneladas de carne por parte de la Corporación CASA cuando Osorio estaba al frente del despacho de Alimentación. Los familiares del alto funcionario habrían recibido la presunta coima a través de una empresa de maletín registrada en Panamá. La cancelación del soborno se habría hecho mediante ocho pagos realizados entre diciembre de 2012 y junio de 2013 por la firma JA Comercio de Géneros Alimenticios, cuyo dueño es Naman Wakil, a Viltas Company SA, la empresa registrada en Panamá por los hermanos de la esposa de Carlos Osorio.

Cuentas Claras precisó que la compra se concretó a un precio de USD 3.200 por tonelada que totalizaban USD 128 millones, de los cuales la empresa que suministró la carne solamente percibió USD 52 millones, es decir, unos USD 1.300 por tonelada de una carne vendida como de primera calidad aunque al momento de la venta ya estaba vencida. Los USD 76 millones correspondientes al sobreprecio habrían ido a parar a las arcas de Naman Wakil luego de restar el porcentaje presuntamente destinado a los cuñados de Osorio[3].

Las irregularidades comenzaron a tener su máxima expresión a partir de que Petróleos de Venezuela S.A. a través de su empresa filial Bariven asumió lo que el gobierno dio en llamar la “soberanía alimentaria”, pero que en realidad habría pasado a ser un gran foco de corrupción ante el cual poco o nada se ha hecho a pesar de las múltiples denuncias provenientes desde diferentes frentes.

Entre finales de 2007 y febrero de 2008, Bariven se propuso importar 41.719.087 toneladas métricas (TM) a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) y de la propia filial petrolera en el contexto de la emergencia alimentaria decretada por el gobierno nacional. Entre noviembre de 2007 y julio de 2008, Bariven compró y pagó 1.057.531 toneladas de comida por USD 2.248 millones, pero en octubre de 2008 sólo se habían recibido 266.571 toneladas métricas, equivalentes a solamente 25 por ciento de la adquisición. Además, de esta cantidad se distribuyeron únicamente el 14 por ciento, a saber 143.866 TM de alimentos vía PDVAL, sin que se tuvieran noticias acerca del destino del resto de la comida, informó el portal Transparencia Venezuela[4].

Se negociaron 4.200 toneladas de carne bovina que nunca llegó a Venezuela, lo que significó un desfalcó al país de USD 21,48 millones que se ejecutaron a través de anticipos cancelados por transferencias de USD 10,92 millones y USD 10,92 millones que no se ampararon con las fianzas o garantías exigidas por las leyes.

Además, un informe de gestión de PDVAL permitió conocer que Bariven compró 597.000 toneladas de alimentos en 2008, pese a que solamente tenía capacidad para distribuir 191.000 toneladas y se carecía de la capacidad de almacenaje en los puertos de Venezuela. Así se gestó el caso que se conoció en Venezuela como el escándalo de Pudreval en alusión a los alimentos descompuestos importados por la filial petrolera[5].

El exdiputado y exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, también ha documentado estas denuncias en el libro “El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos” escrito a cuatro manos junto a Marcos Tarre en 2013 y alertó sobre los supuestos delitos cometidos por Naman Wakil en una sección titulada “Trece millones de dólares en mortadela”.

Tablante informó acerca de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público en contra de Wakil “y sus oscuros negocios con altos funcionarios del régimen como proveedor de alimentos”. Refiere que el expediente de la averiguación, identificado con el número 318350-2016, comprende “una lista de empresas utilizadas para las supuestas negociaciones fraudulentas que habrían causado un grave daño al patrimonio público: Dicom de Venezuela C.A., Atlas Systems Canda Ins C.A., Atlas Systems International Inc. C.A., Frigorífico Quatro Marcos C.A., Syronics de Venezuela C.A., Kelviana Group International C.A., All Food Universal Corp C.A., Michi Foods C.A., Doux Frangosul Agro Avicola C.A.”.

Carlos Osorio demandó a Tablante y a los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia por daños morales a raíz de sus denuncias en su contra y por las averiguaciones emprendidas por la Asamblea Nacional[6].

Adendum de orden de compra por pollos a Brasil

El 3 de marzo de 2009, la División de Cárnicos y Lácteos de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación suscribió el Adendum de la Orden de Compra-Venta Mercal identificada con el código DCL-111-3/2009 del Punto de Cuenta número 00041 de fecha 9 de febrero de 2009.

Por La Casa estampó su firma el presidente de la corporación, Rodolfo Clemente Marco Torres, titular de la Cédula de Identidad número V-8.812.571, mientras que la empresa Perdigao Agroindustrial S.A. estuvo representada por su apoderado Naman Wakil, portador de la Cédula de Identidad V-12.954.535.

Este contrato complementario era para la compra 40 mil toneladas métricas (TM) de pollo entero beneficiado (cajas de 16 a 18 kilogramos) a un costo de USD 1.870 por TM para un monto total de USD 74.800.000.

El pago debía realizarse a través de transferencia bancaria contra presentación de la copia de los documentos respectivos. El vendedor se comprometió a cancelar el 0,5 por ciento del monto total contratado al comprador en referencia a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas aprobada en la Gaceta Oficial N° 360.130 de fecha 25 de marzo de 2008 que estipula en su artículo 44 las condiciones para contratación. Específicamente el numeral 14 refiere que “Queda establecido el compromiso de responsabilidad social”, dado según punto de cuenta N° 25 de abril de 2008. Para la cual deberá presentar declaración jurada en el cual se compromete a dar cumplimiento al compromiso de Responsabilidad Social.

Los alimentos provenientes de Brasil se recibirían un 60 por ciento en el puerto de Puerto Cabello y el restante 40 por ciento en el puerto de La Guaira.

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