PanAm Post: La red criminal que legítima capitales con la «criptomoneda de Maduro»

Emmanuel Rincón
PanAm Post

Muchas preguntas han surgido sobre el petro, la “criptomoneda” creada por la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy su uso es casi inexistente, pero su promoción sigue siendo constante. Casi nadie sabe quién ha estado realmente detrás de este “invento”, cuyo propósito ha sido legitimar capitales y ofrecer financiamiento a grupos criminales y al chavismo.

Hace ya más de una década, en una gira por Medio Oriente, el difunto Hugo Chávez hablaba de emitir una moneda respaldada en petróleo. Ese proyecto nunca derivó en nada; durante años se firmaron acuerdos con diferentes proveedores: los rusos Denis Druzhkov y Fedor Bogorodskiy fueron algunos de los que tuvieron en sus manos el proyecto del petro, pero problemas legales fueron truncando la operación. Hasta que a un joven “innovador” y con poca ética, llamado Gabriel Simón Jiménez Marrón, se le ocurrió la gran idea de ofrecerle al dictador una criptomoneda, y para cerrar el negocio, la vendieron como el gran sueño de Chávez: el petro. ¿Qué recibiría el joven a cambio? El 3 % en comisiones de todas las transacciones realizadas a través de esta criptomoneda, después de los 250 millones de dólares.

Para lograr este acuerdo, en el que Jiménez recibiría el 3 % de las operaciones ejecutadas, se pactó una serie de requisitos con la administración pública a través de la Superintendencia de los Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana, representada por el superintendente Carlos Vargas Urbina, por una parte, y Social US C.A., por la otra.

Además, la empresa mencionada contó con el beneplácito o la inocencia de diferentes medios de comunicación en el país para lavar su imagen. En medios como El EstímuloBanca y Negocios y Analítica se publicaron notas haciendo pasar a Jiménez como un “emprendedor” en el mundo de las criptomonedas.

Entre los compromisos adquiridos por parte de la empresa en cuestión se encontraban: inaugurar oficinas de representación y promoción en Tokyo, Seúl, Singapur, Chicago, Londres, San Francisco y Nueva York. Además, se comprometería a listar al petro en al menos 18 exchanges, de los cuales dos debían estar entre los diez más importantes. Para lo cual se acordó que el Gobierno otorgara a la empresa un “adelanto no reembolsable” de 500 000 dólares.

Para llevar a cabo estas operaciones, se firmó un contrato de confidencialidad entre las partes. Esto debido a ciertas condiciones de índole política, como el hecho de entregar absoluta autoridad a empresarios privados para actuar en nombre del Estado y el petro, y así explotar económicamente el mismo, a través de la concesión emitida por la Superintendencia de Criptoactivos, representada por el superintendente Carlos Vargas Urbina.

Todo el acuerdo fue posible gracias a la participación clave del superintendente, quien fue designado para el cargo en la Gaceta Oficial número 41 296, donde se publicaron los decretos N° 3 196, mediante el cual se autorizó la creación de esta Superintendencia. Y el decreto N° 3.197, firmado por Maduro, mediante el cual se nombró a Vargas Urbina como encargado de dicha entidad —y quien también funge como miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente—.

En ese sentido, gracias a las gestiones realizadas por parte del superintendente, a Social US C.A. se le entregó una serie de informaciones confidenciales que le permitió manipular el sistema de criptomonedas promovido por la dictadura venezolana. Esto tomando en cuenta que el petro no cumple con un requisito primordial de las cadenas de blockchain, ya que no se trata de una moneda descentralizada, sino que es una “criptomoneda” “manejada” y promovida por el régimen. En ese sentido, la empresa Social US tiene acceso a:

1. Listado de venezolanos que poseen máquinas de criptomonedas.
2. Cantidad y ubicación de máquinas de criptomonedas existentes en Venezuela.
3. Datos de producción.
4. Registro de las exchange.
5. Transacciones, ofertas y compras del petro a nivel mundial.
6. Control de las oficinas del petro a nivel mundial.
7. Comisiones del 3 % de las operaciones ejecutadas por el Estado a través del petro.

Toda esta información resultó vital para ejecutar diferentes acciones en las que el Estado desmanteló y apresó a ciudadanos venezolanos que practicaban la minería de criptomonedas, como es el caso del desmantelamiento ocurrido en Valencia, Estado Carabobo, donde según una nota publicada en la página web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, «se ubicó un galpón con 11 mil unidades de moneda virtual ‘Bitcoin’»; en dicha operación detuvieron a dos venezolanos, Eusebio Gómez Henríquez (51) y Andrés Alejandro Carrero Martínez (35), quienes fueron señalados de pertenecer a una red criminal basada en Polonia, dedicada a lavar dinero, cometer delitos informáticos, financiar el terrorismo y hurtar electricidad. Otro caso similar ocurrió en Charallave, estado Mirada, cuando fueron apresados cuatro ciudadanos venezolanos. Esta persecución tenía como fin lograr instaurar un monopolio estatal del petro.

Lo curioso es que meses después de estas aprehensiones, fue el mismo Gobierno quien impuso las transacciones de criptomonedas, y permitió su uso en comercios públicos, como es el caso de TRAKI.

Según investigaciones del abogado Marco Ascanio, y presentadas en un informe ante la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, una empresa de origen suizo llamada Hermes Management S. A., y representada por Dariusz Jasiczek, habría comprado mil millones de dólares en petros. Lo cual significaría una jugosa comisión para los “empresarios” de Social US (de aproximadamente 30 millones de dólares). Además, otras empresas, como “MAB Investment Holding Corp” y “Origen Tecnología SPA” habrían recibido una LOI (carta de intenciones) para importar 3 000 000 de cajas CLAP, con un precio de 29 dólares por unidad (87 millones de dólares en total), lo que representa un sobreprecio de, 60 %, haciendo uso del petro.

Lea el trabajo completo aquí

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