Armando Info: Carol Padilla, perfil de una jueza por encargo | Venezuela

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A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.

La primera vez que Carol Bealexis Padilla Reyes se metió en problemas por un documento del Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) fue en 1998. En aquel entonces, en el marco de una averiguación penal, el organismo emitió un escrito en el que aseguraba que Johann Francisco Arretureta Guevara, un hombre de 37 años al que acusaban de extorsión por hacerse pasar por letrado sin serlo, efectivamente no era profesional del Derecho.

La joven Padilla, quien apenas dos años antes había recibido su título de abogada de la Universidad Santa María (USM) de Caracas, intentó salvar a quien muchos años después se convertiría en su marido: falsificó un documento, junto a la hermana de este, en el que Inpreabogado supuestamente certificaba a Arretureta como abogado. Lo enviaron al tribunal que llevaba la causa, la jueza y el inspector detectaron la irregularidad, y a ellas no les quedó otra opción que reconocer su autoría, por lo que resultaron detenidas preventivamente.

Pero la carrera de Padilla, entonces de 25 años de edad, no se truncó por ese incidente. Todo lo contrario: a más de dos décadas de distancia, es hoy la jueza por cuyas manos, en fase de control, han pasado los expedientes de los más recientes y renombrados casos políticos, entre otros, el del atentado fallido con drones contra Nicolás Maduro, del 4 de agosto de 2018, y el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril de 2019. Esos y otros casos no solo tienen en común a la jueza Padilla. Aunque con protagonistas distintos, también comparten irregularidades y un retraso crónico.

En 2017 Padilla se convirtió en brazo ejecutor de la que catalogan como una “dictadura judicial”. Aunque, de hecho, ya ha comenzado a perder poder. A principios de agosto de 2019, le quitaron uno de los tres tribunales que controlaba: el 2º de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con Jurisdicción Nacional, por lo que quedó a cargo del 1º de control de terrorismo y del 20º de Primera Instancia en Función de Control de Caracas.

Su nombre, sin embargo, ya se sumó a la lista de otros “juristas del horror”, jueces que estuvieron en su posición antes, algunos de ellos con antecedentes penales, como ella, que se mostraron leales al Gobierno hasta llegada la hora -en algunos casos- de caer en desgracia: como Alí Paredes, quien conoció los casos de la jueza María Afiuni  y del narcotraficante Walid Makled, y que tras condenar a este fue detenido por la policía política; Miguel Graterol, quien llevó los casos del exalcalde Antonio Ledezma y del otrora estudiante Lorent Saleh, y terminó siendo destituido por otro caso; el mismísimo Maikel Moreno, quien jugó un rol importante en el caso del excomisario Iván Simonovis, y quien también después fue destituido de un tribunal de apelaciones por haber cometido “graves errores judiciales inexcusables” en la liberación de unos sospechosos de homicidio, aunque luego fue reenganchado y hoy en día preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); o Gumer Quintana, quien llevó el caso del fiscal asesinado Danilo Anderson, y también fue suspendido de sus funciones a posteriori.

Defensora de causas perdidas

Llegar hasta ahí no fue fácil para Padilla. Una vez superado el escollo del documento falso, se inició en tribunales, en noviembre de 2002, como defensora de Édgar Márquez, quien se identificó como víctima de la oposición en los sucesos ocurridos en el país entre el 11 y 14 de abril de 2002, e interpuso una querella ante la Sala Plena contra un grupo de magistrados, para que esta determinara si existían o no méritos para su enjuiciamiento en la comisión de los delitos de complot político y privación de libertad psíquica. El juzgado de sustanciación declaró la solicitud “inadmisible para su tramitación”.

En enero de 2004, Padilla insistió con un recurso de habeas corpus a favor de un hombre que admitió haber cometido el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Quince años más tarde, cuando se convirtiera en jueza, le harían a ella la misma pregunta que planteó su defendida, la concubina del condenado, en aquel documento: “El derecho a un debido proceso que tiene un imputado (…) ¿no tiene importancia?”. Padilla estaba próxima a cumplir los 32 años de vida cuando, el 29 de enero de ese año, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del entonces estado Vargas se declaró competente para conocer de la acción de amparo y la declaró inadmisible.

Las pequeñas derrotas no la detuvieron. La joven abogada asumió pocos meses después la defensa de un hombre imputado por homicidio calificado y, nuevamente, denunció ante la Corte de Apelaciones de la mencionada entidad costera violaciones del debido proceso e infracciones de normas de rango constitucional; exactamente las mismas denuncias de las que hoy es objeto.

El recurso de amparo en el que solicitaba fuera declarada la nulidad absoluta del acta policial y de la acusación a su nuevo defendido, sin embargo, fue decretado inadmisible en abril de 2004. Un mes antes, ya el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Vargas había declarado sin lugar su solicitud de requerir la nulidad del acta policial “por ser manifiestamente improcedente”.

Padilla no se amilanó. En noviembre de 2005 lo intentó de nuevo, esta vez como defensora de Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, quien casi nueve años después se convertiría en el asesino de la intérprete de señas con 18 semanas de gestación, Adriana Urquiola, cuando en el marco de protestas antigubernamentales le dispararía para abrirse paso entre barricadas.

En 2005, Bolívar ya había sido acusado de cometer los delitos de secuestro, ocultamiento ilícito de arma de fuego, usurpación de título militar, aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte con falsedad ideológica, y Padilla fue su apoderada judicial.

En aquel momento, la abogada denunció, una vez más, violaciones “flagrantes” al debido proceso e hizo una solicitud de radicación de juicio, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar.

Aunque su especialización es de Derecho Penal, de acuerdo con información de su síntesis curricular a la que tuvo acceso Armando.Info, Padilla dejó esos casos atrás y comenzó a ejercer el Derecho de Familia, con un poco más de suerte.  Entre otros, ya en Caracas, en 2006, volvió a asistir a Arretureta –quien era un hombre casado– y a su mujer anterior, a disolver el vínculo matrimonial que mantuvieron por 16 años, los mismos que tenía el hijo de la pareja al momento del divorcio.

De acuerdo con su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Arretureta trabajó hasta el 31 de octubre de 2018 en la Corporación de Desarrollo de la Región Centro Occidental (Corpooccidente), instituto autónomo de la Dirección General de Coordinación y Planificación (Cordiplan), que auxilia al Presidente de la República y al Consejo de Ministros en la planificación del desarrollo social y económico de la nación.

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