Misión Verdad: José Ignacio Hernández, el procurador fake que forjó el embargo a CITGO

Misión Verdad

La controversia con la compañía minera Crystallex, que lleva años en las cortes de los Estados Unidos persiguiendo un fallo judicial favorable a la apropiación de CITGO, revela hoy nuevos datos de los actores que participan en las operaciones fraudulentas para apoderarse de los activos del Estado venezolano.

Como sabemos, la Corte Federal de Apelaciones de los Estados Unidos rechazó el recurso de la estatal PDVSA, que buscaba dejar sin efectos la autorización a Crystallex de confiscar CITGO en compensación de una sentencia de 1 mil 400 millones de dólares por pagos de proyectos cancelados, emitida en 2018 por el juez Leonard P. Park del tribunal del distrito Wilmington, estado de Delaware.

La minera canadiense introdujo demandas desde distintas instancias judiciales fuera de Venezuela, que llevaron a legitimar en los Estados Unidos una deuda millonaria del Estado venezolano por la expropiación realizada al proyecto aurífero en la mina Las Cristinas en 2008.

Referente al litigio que lleva adelante la empresa Crystallex, trascendió la denuncia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien informó que esta nunca tuvo derechos mineros ni títulos legítimos sobre Las Cristinas. Por el contrario, la empresa canadiense prestó servicios operacionales en 2008, que fueron cancelados cuando el Ministerio del Ambiente «desconoció el plan ambiental presentado por esta empresa» porque era deficiente en los protocolos ambientales, según relató la vicepresidenta.

En esa misma alocución, presentó pruebas de las acciones ilegales que persigue la «junta administrativa» en el extranjero de PDVSA en función de intervenir en el juicio del embargo a CITGO.

Al momento de que el gobierno estadounidense reconoce la junta ad hoc de PDVSA, ilegalmente nombrada por Juan Guaidó, quedan sus designados como contraparte en el litigio de Crystallex. El equipo de Guaidó manifestó querer revertir el fallo de 2018 a favor de la transnacional minera.

Sin embargo, el «procurador» designado por la Asamblea Nacional en desacato para la defensa del «interinato» de Guaidó, en este caso contra CITGO, guarda relaciones anteriores con la transnacional demandante.

José Ignacio Hernández, abogado venezolano quien trabajó representando a Empresas Polar en el bufete Grau, García Hernández & Mónaco, tuvo como cliente a Crystallex en el proceso legal contra la República de Venezuela de 2017.

En ese año, Hernández fue contratado como «experto legal» con el objetivo de vincular al Estado venezolano con la empresa CITGO. Para ello, presentó el argumento de que PDVSA era «un alter ego del gobierno venezolano».

Esta maniobra parte del hecho de que la República Bolivariana de Venezuela y PDVSA son entidades legales separadas y las responsabilidades que adquiere cada una no son transferibles a la otra, por lo que en teoría, el reclamo contra la nación venezolana no debería ser adjudicado a PDVSA.

Al decir que PDVSA actúa como «alter ego» del gobierno de Nicolás Maduro y sabiendo que CITGO pertenece a la estatal petrolera, se autorizaría la imputación de la minera y forzaría el pago directamente con activos de CITGO. La interpretación de Hernández fue lo que le permitió a la empresa canadiense ganar la demanda de 2018 en Delaware.

El blog de investigación La Tabla agrega detalles sobre contrataciones previas que vinculan al «procurador» con otras tramas ligadas a empresas transnacionales. Reseña que José Ignacio Hernández «también fue experto legal de Owen Illinois en arbitraje contra Venezuela y cobró 163 mil dólares por informe que permitiría el embargo de CITGO».

La multinacional de envases de vidrio, Owen Illinois, contrató al abogado en cuestión para cobrar una demanda de 500 millones de dólares presentada en febrero de 2019 en un tribunal de Delaware, usando el mismo alegato de Crystallex.

Anteriormente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) había autorizado el «derecho a 372 millones de dólares más intereses», por la nacionalización de dos plantas en 2010, cuando el ejecutivo nacional detectó irregularidades laborales y medioambientales en sus operaciones.

Por las acciones en ese arbitraje, Hernández recibiría 163 mil 720 dólares.

Otro elemento que añade La Tabla al caso de Crystallex, es que la empresa ahora es propiedad de la firma neoyorquina Tenor Capital Management que adquirió la minera por 36 millones de dólares. Según un artículo publicado en Reuters, esta firma se especializa en financiar litigios a demandantes a cambio de una parte de las ganancias. Los beneficios de estos negocios son de 3 a 10 veces superiores a su inversión inicial.

La participación de fondo de cobertura Tenor se remonta al 2012. Desde entonces, ha destinado 76 millones de dólares para los gastos de la demanda de Crystallex. En caso de que la orden judicial contra CITGO procediera, Crystallex le cedería el 70% del pago recibido, lo que podría alcanzar los 800 millones de dólares.

De este modo, el ex experto legal de Crystallex y ahora procurador de los intereses de Guaidó, representaba no a una empresa minera sino a un fondo buitre que, aprovechando el contexto de presiones contra los recursos venezolanos y la disposición de plataformas judiciales estadounidenses, intentó sacar un sustancioso retorno de la demanda.

Ahora que Estados Unidos le otorgó el control ilegal de CITGO al gobierno fake de Guaidó, José Ignacio Hernández se encuentra como contraparte de su cliente, defendiendo el capital de la empresa.

Así, el mismo operador jurídico que presentó los fundamentos de «alter ego» para justificar el embargo a CITGO, emerge ahora para apelar la decisión de los tribunales estadounidenses y proteger la caja chica con la que el antichavismo financia desde el exterior su agenda destituyente.

Recientemente en su cuenta en Twitter, José Ignacio Hernández celebró la decisión de una Corte de Delaware de «ratificar la validez de la designación de la Junta Directiva de CITGO» que en últimas instancias es una ratificación al gobierno artificial de Guaidó. Esto en teoría, respaldaría a la parte demandante en el caso Crystallex, por ser gobierno y CITGO una «misma entidad».

Es evidente las contradicciones de intereses del «procurador», al tener complicidad con la empresa que ahora es su adversario temporal. Por eso se hace cada vez más sospechosa la torpeza de su designación como falso procurador por el antichavismo, cuando están en riesgo cuantiosos recursos venezolanos en el exterior.

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