Armando Info: La conjura de los testaferros | Venezuela

Armando Info

En la madrugada del 30 de abril se resolvió, con escaso éxito y por simultáneo, un doble complot: uno contra el gobierno de Nicolás Maduro y el otro para sacar provecho, por adelantado, de ese plan para sacarlo del poder. Leopoldo López estaba en ambas. Sin embargo, la característica inédita del movimiento fue el papel articulador que jugaron empresarios de la boliburguesía y testaferros de fortunas recién ganadas para conseguir que figuras claves del oficialismo y los cuarteles se plegaran a la trama.

Aún no despuntaba el alba del 30 de abril de 2019 cuando Leopoldo López, que apenas llevaba un par de horas como hombre libre, pidió a uno de sus acompañantes que adelantara gestiones ante la embajada de Colombia para el asilo de “los muchachos”.

Con “los muchachos” López hacía referencia a los dos pelotones del destacamento 432 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) encargado de la custodia de la Asamblea Nacional –esta, dominada por la oposición desde enero de 2016–, que se embarcaron en el pronunciamiento que alrededor de las cuatro de la madrugada había iniciado el dirigente del partido Voluntad Popular (VP) y ex alcalde del municipio caraqueño de Chacao, a fin de derrocar el Gobierno de Nicolás Maduro.

De hecho, los efectivos del destacamento serían la única unidad militar que ese día se sumó a la rebelión.

Cuando el interlocutor replicó a López, no le quedó más remedio que explicarle que la embajada de Colombia no parecía un refugio conveniente. Desde hace meses carece de Embajador titular o encargado, así como de Agregado Comercial. Ambos acordaron, en consecuencia, hacer la diligencia ante la legación de Brasil.

Con todo, tres horas después, el teniente coronel Ilich Sánchez Farías, comandante del destacamento, debió acercarse a López y sus acompañantes para implorar que, por favor, no lo dejaran en la estacada.

En ese momento, la retirada de los pocos miembros del ejército y del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía política) que se habían plegado al movimiento, “bajo engaño” como después juraron en sus cuarteles, hacía evidente el fracaso de la extraña aventura de los civiles y uniformados que prácticamente acamparon sobre el asfalto de la autopista Francisco Fajardo, la principal vía que atraviesa de oeste a este el valle de Caracas, a la espera de refuerzos militares y una avalancha de pueblo que nunca llegaron.

Sánchez Farías es el oficial alto y moreno, en uniforme verde oliva de campaña, que en un video difundido esa madrugada por Twitter aparece recibiendo con un abrazo al  vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, cuando este llega a las afueras del aeropuerto de La Carlota. Sánchez es muy estimado entre los diputados de oposición. Su estilo cordial y caballeroso contrastaba con el precedente establecido por el coronel Vladimir Lugo, otrora comandante del mismo destacamento, que en enero de 2017 ganó celebridad en las redes al zarandear ante las cámaras al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

Sánchez y su veintena de hombres, que pusieron en riesgo de manera consciente sus carreras y hasta su libertad, terminarían a la postre internados en la embajada de Brasil. Al final del mismo día, Leopoldo López había intercambiado el confinamiento en su quinta de la octava transversal de la urbanización Los Palos Grandes por otro encierro, ahora en la mansión del Embajador de España en el Caracas Country Club, donde permanece como “huésped”.

El resultado tan magro de la jornada, y su puesta en escena, fueron inusuales para un evento que por algunas horas concitó la atención de medios de todo el mundo.

Desde ese día, decenas de análisis tratan de explicar qué fue lo que ocurrió entonces. Como tantos otros episodios de los últimos 20 años en Venezuela, amenaza con convertirse en un enigma.

A estas alturas, sin embargo, va quedando claro que el martes 30 de abril en la madrugada lo que se vio fue, metafóricamente, el estallido de una espoleta que intentaba hacer explotar por adelantado otra bomba, esta de tiempo, mucho mayor, que tras una ardua labor de relojería se había programado para activarse más tarde. Y esa espoleta fue Leopoldo López.

Sentencia suspendida

El tejido de una conjura que por fin diera al traste con la Revolución Bolivariana y el tambaleante régimen de Nicolás Maduro se venía urdiendo desde mediados de febrero en Bogotá. El artífice de la paciente filigrana fue Julio Borges, el ex presidente de la Asamblea Nacional y actual embajador ante el Grupo de Lima, designado en el cargo por Juan Guaidó, el presidente interino juramentado el 23 de enero reciente por la Asamblea Nacional opositora.

Borges, exiliado en la capital colombiana desde principios de 2018, recibió allí en febrero pasado a un emisario de Maikel Moreno, el controvertido presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Moreno, hombre de confianza de Maduro y de la primera dama –o primera combatiente, en la jerga chavista– Cilia Flores, tiene un prontuario que incluye dos procesos por homicidio. Ha hecho fortuna en su paso por las distintas jerarquías que el régimen bolivariano le ha confiado. Casado en nupcias recientes con la joven ex reina de belleza y presentadora de televisión, Débora Menicucci, habría recibido como obsequio del magnate Raúl Gorrín una mansión en Italia, según reveló el periodista Marcos García Rey en marzo pasado en una nota del diario El Confidencial de Madrid.

Por esos días se acercaba a su fin la cuenta regresiva para el 23 de febrero, la fecha que Washington había impuesto como plazo para que entrara a Venezuela la ayuda humanitaria que acumulaba en la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander. Algunos jerarcas del chavismo, sobre todo aquellos que tienen bienes de fortuna y activos en el exterior para disfrutar –y también para perder–, temieron que el ultimátum sirviera de preludio para una acción militar estadounidense en Venezuela y una redada contra los dirigentes revolucionarios. Varios de esos jerarcas, además, ya han sido objeto de sanciones de Estados Unidos y Europa. Entre ellos estaba Moreno, cuyo enviado a Bogotá buscaba tantear con qué posibilidades de arreglo podía contar el magistrado antes de la fecha fatídica.

La manifestación de ese interés bastó para que se pusiera en marcha una operación que involucraría a altos funcionarios de la Casa Blanca y se expandiría entre oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas como una mancha de aceite, hasta configurar la que tal vez sea la conjura más amplia jamás preparada, y abortada, en la historia contemporánea de Venezuela.

Bien lo reconoció John Bolton, asesor de seguridad del Gobierno de Donald Trump, cuando ese mismo día habló de conversaciones previas con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el director de la Dirección de Contrainteligencia, Iván Hernández Dala. «No cumplieron pero aún tienen chance», soltó a media tarde, cuando ya los rebeldes empezaban a buscar refugio en embajadas.

Aunque ya el 23 de febrero había pasado y se había comprobado que no comportaba ninguna amenaza armada para el chavismo, las conversaciones siguieron.

Los interlocutores del plan habían entendido que los militares venezolanos no sólo no deseaban desalojar a Maduro del poder a tiros, sino que procuraban mantener el rol de árbitro institucional que se han atribuido a lo largo del proceso revolucionario del que son columna vertebral. De esa opinión era el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, quien a la larga accedió ante Moreno a participar en el movimiento. Si bien Padrino aparece cada vez más comprometido con la causa bolivariana, a la vez gusta de recordar trances como el de diciembre de 2015, cuando, según la conseja urbana, obligó a Maduro a aceptar los resultados adversos de las elecciones parlamentarias.

La constatación determinó en gran medida lo que terminó siendo la solución propuesta para cortar el nudo gordiano de la crisis política venezolana. El consenso era que para salir de Maduro –y de paso, de Diosdado Cabello– el Tribunal Supremo debía tener el protagonismo. Emitiría una decisión con cuatro puntos fundamentales: a) Otorgamiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional y a su presidente; b) Disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, obediente al chavismo; c) Liberación de los presos políticos y d) Llamado a elecciones, en las que no podría participar quien ejerciera el interinato. La fórmula parecía perfecta. Complacía a los militares que exigían una cobertura legal y daba orden a los eventos posteriores al derribo del régimen.

El documento existe, según fuentes, y tiene firma y, a pesar del fracaso del 30 de abril pasado, conserva todo su potencial para articular una probable transición política a la democracia.

Aparte, un acuerdo interno de 15 puntos regulaba la consumación del plan entre los actores involucrados. Fue el mismo Elliot Abrams, representante especial del Departamento de Estado para asuntos venezolanos, quien mencionó el acuerdo. «Hay un documento, no estábamos involucrado los norteamericanos en las negociaciones, pero me dicen que el documento es largo y 15 puntos creo”, declaró al día siguiente. “Habla de garantías para los militares, de una salida digna para Maduro, de Guaidó como presidente interino, del Tribunal Supremo y el Alto Mando quedando en sus posiciones, de elecciones libres en doce meses”.

En torno a ambos documentos se organizaron sucesivas reuniones. En ellas se incorporaron Leopoldo López desde Caracas, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino en la capital norteamericana y altos funcionarios de Washington. Como demostración de la seriedad que se concedía al asunto, por la Casa Blanca participaron entre otros Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela, y un asesor de seguridad.

Hasta entonces las negociaciones habían evitado los medios electrónicos, por consideraciones de seguridad. Pero había llegado la hora inevitable en que las partes que interactuaban y, sobre todo, las que se iban incorporando a la conjura, debían ofrecer prendas, visuales y de otra índole, para dar fe de su participación.

También a Washington le tocaría demostrar su obligación. El levantamiento en marzo de las sanciones que la Oficina de Control de Activos Financieros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro había impuesto en enero a las esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo fue un elemento de ese intercambio de arras.

Lea el reportaje completo aquí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *