Armando Info: Mientras más pobre la provincia, más chavistas son los jueces | Venezuela

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La revisión de una base de datos con la información de casi 6.000 jueces en Venezuela durante los últimos 19 años arroja todo un muestrario de deformidades en el ejercicio de la Justicia. Abundan los cargos provisionales y con abierta adscripción al partido de Gobierno, tendencias que se agudizan según más se avanza en la periferia. Si bien esta especie de fuerza de gravedad al revés explica la vulnerabilidad del sistema ante las presiones políticas, también abre paso a distorsiones como funcionarios que se rotan en distintas regiones, o jueces que cobran tasas ilegales.

Como si se tratara de un viaje a la Venezuela profunda, donde a medida que el viajero se aleja de la capital va encontrando pueblos y ciudades con desigualdades insospechadas, la justicia venezolana se muestra cada vez menos independiente del partido de Gobierno mientras más alejados estén los tribunales de Caracas.

Las tendencias nacionales en cuanto a la autonomía del Poder Judicial resultan vergonzosas de por sí. Las dos variables principales para medir la imparcialidad de un sistema de justicia, que serían la titularidad de los cargos y la ausencia de militancia política de los juristas, concentran en Venezuela las cifras más distantes al estándar de calidad. Casi nueve de cada diez de los jueces venezolanos (85,3%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre remoción bajo las figuras de provisorio, temporal, itinerante y suplencia especial. Desde 2003, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió los concursos de oposición que normaban el ingreso de los jueces al Poder Judicial, la imparcialidad en la administración de justicia quedó gravemente condicionada.

Y la segunda variable, sobre la militancia o parcialidad política, llega a escala nacional a 56.3%. Poco más de la mitad de los jueces venezolanos que se mantienen activos en los tribunales visten togas rojas.

Pero ambos indicadores muestran peor desempeño cuando la mirada se fija en las entidades más rurales y lejanas de la capital.

Es como una fuerza de gravedad al revés, en la que la atracción se hace más potente según aumenta la distancia con respecto al poder central. A esta comprobación contraintuitiva se ha podido llegar luego de limpiar y verificar datos, cruzar variables y hallar patrones a partir de la descarga y recopilación de toda la información oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pública hasta hace poco en su portal web, y que ha sido sistematizada en una gran base de datos por Armando.Info, actualizada hasta abril de 2019.

Esta radiografía del Poder Judicial venezolano, resultante de un amplio trabajo de periodismo de datos que se prolongó por más de un año, permite detectar situaciones tan extremas como la existencia de estados donde ni siquiera uno de cada diez jueces posee la titularidad del cargo y los que más tienen (el céntrico estado Miranda y Trujillo, en los andes) apenas llegan a la proporción de tres por cada diez (27.2% y 33.3%, respectivamente). Que casi 80% de la plantilla de jueces de un mismo estado milita en el partido de Gobierno, superando el penoso promedio nacional; y que hay entidades donde las sentencias sobre inhibiciones y recusaciones -figuras empleadas cuando la imparcialidad del juez está en duda- son mayores, como en Monagas, Apure y Barinas. En estos tres, las inhibiciones de jueces coinciden con su militancia, mientras que Barinas despunta con la mayor cantidad de jueces recusados (una de las partes pide que el juez abandone el caso).

En Delta Amacuro, Apure, Yaracuy y Amazonas, estados lejanos dentro de la geografía nacional y entre los más pobres del país, la imparcialidad de las decisiones tomadas en sus tribunales está por verse. Sus plantillas de jueces son las más vulnerables o manipulables: 95.1% de los jueces de Yaracuy no son fijos y las proporciones son igual de graves en Apure (94.6), Delta Amacuro (92.5%) y en Amazonas (84.7%).

Las decisiones no solamente quedan comprometidas por la dependencia casi absoluta a un ente rector politizado (el TSJ), sino también por una afiliación política que no debería existir y que, sin embargo, ni siquiera ocultan. El principal transgresor es Barinas, estado natal del fallecido Hugo Chávez, líder de la “revolución bolivariana”; allí 78.7% de sus jueces tienen filiación política. Le sigue Monagas (77.9%), de donde es oriundo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Y completan el cuestionado ranking de parcialidad los estados Apure (76%), Delta Amacuro (75%) y Amazonas (65.2%). En todos ellos el concepto de justicia queda desdibujado.

Pobre injusticia, justicia pobre

Investigaciones publicadas en Armando.Info sobre el sistema judicial, con base en los primeros hallazgos de esta base de datos, revelaron que 40% de los jueces penales son en realidad jueces políticos, y que casi 8% de los 5.928 jueces que han pasado por el Poder Judicial en los últimos 20 años también han sido jueces contratistas que se beneficiaron ejecutando obras o dando servicios a entes del Estado.

Ahora la información completa permite ver cómo el manejo local de la justicia incluye casos de nepotismo vinculados a alcaldes, oficinas de cobro en tribunales pese a no estar contempladas en ninguna ley, jueces que duran seis meses en cada cargo porque han recibido hasta 29 nombramientos en 10 o 15 años, e incluso que han rotado hasta por cinco estados del país para ocupar distintos cargos en varias áreas y niveles.

Un ejemplo: Si algo es común en la ciudad de San Fernando, capital del estado llanero de Apure, en la frontera sur con Colombia, es el reconocimiento del poder que concentra la alcaldesa oficialista Ofelia Padrón, del Partido Socialista Unido de Venezuela y que le permite actuar más allá de sus atribuciones. Por eso, la presencia de varios familiares directos dentro de los tribunales locales no reviste de mayor sorpresa para los apureños.

Una de sus hermanas, Ana Trina, es juez laboral, y Carmen Elena, la mayor de las tres, ocupó el cargo de fiscal superior de Apure hasta 2017, cuando la fiscal general Luisa Ortega Díaz huyó del país. Sus actuaciones sesgadas para encubrir el delito de dos familiares generaron una investigación ante la dirección contra la corrupción del Ministerio Público, en 2016. Ahora Carmen Elena trabaja en la Alcaldía de San Fernando, la que dirige su hermana, y se le ha visto participando en las reuniones del movimiento político identificado como Frente Amplio, en el lado del “chavismo disidente”.

“El nepotismo en el sistema judicial de Apure se hizo más evidente con la llegada de Ofelia a la alcaldía. Es una maraña”, alcanza a decir un abogado. Otro prefiere dar el beneficio de la duda sobre las capacidades de sus familiares para ejercer esos cargos. Ninguno quiere ser identificado en este reportaje para evitar problemas. Ofelia Padrón fue electa alcaldesa en diciembre de 2013 y reelegida en 2018. Antes de llegar a este cargo trabajaba como secretaria ejecutiva del estado junto al gobernador de la entidad, el coronel del Ejército Ramón Carrizález, ex vicepresidente de la República con Hugo Chávez. Una relación política estrecha que no ha cesado.

También tiene un sobrino alguacil y otro familiar directo, Francisco Javier Padrón, como juez civil. Sobre el nepotismo y preferencias vinculados con su posición, la alcaldesa Padrón dijo al otro lado del teléfono que no podía hablar al respecto porque estaba en una reunión, y que “ese tipo de situación que estás planteando es falso”.

En esta entidad, 94.6% de los jueces activos actualmente no son titulares y 76% tiene una militancia política precisa. Por eso no extraña que fuera precisamente un juez de Apure uno de los que participaron en la acción en la que cinco tribunales penales, sin competencia alguna en el área electoral, ordenaran en octubre de 2016 suspender la recolección de firmas necesarias para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.

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