Denuncian en Panamá a Cooperativa CACSA por esquema de corrupción judicial

En Panamá ha sido interpuesta una denuncia para que se investiguen actos irregulares en la Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio (CACSA) para el pago de abogados, que harían supuestamente tráfico de influencias en la corte. Por ese concepto se habrían efectuado pagos de entre 200.000 y 300,000 balboas.

Tras otros escándalos, nuevamente sale al tapete el tema de lo que se da a lo interno de la Cooperativa CACSA, tras una denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Publico, bajo la carpetilla 201900040092.

El licenciado Antonio Cervantes denunció la comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, delitos financieros, tráfico de influencias y asociación Ilícita para delinquir. En la denuncia se señala que el Arquitecto Luis Muñoz quien tiene un pleito contra CACSA, habría recibido información, acusando directamente irregularidades en la Junta de Directores, en la que se señala a Serafín González, Olmedo Correa y José Serrano Vinda y a personas que supuestamente estarían negociando con una firma para pagar sobornos a Magistrados de la Corte Suprema y Fiscales en Chiriquí.

En la denuncia que ya reposa en el Ministerio Publico, se especifica de forma directa que se habría aprobado por insistencia B/ 1,500.000 dólares y de las cuales se habrían pagado ya B/ 200.000 (doscientos mil dólares) firma, que según la denuncia, habría sido recomendada por un muy alto funcionario del IPACOOP.

La junta de vigilancia

Asimismo se hace mención claramente de la nota No 026-JUVI-2019 del 12 de junio del presente año, donde la Junta de Vigilancia de CACSA, manifiesta su preocupación, porque se están ratificando a espalda de ellos, un acuerdo promoviendo la “contratación de un impulso procesal”, pagando sobreprecios por un servicio que ya la cooperativa ejecutó en un 80%.

Ministerio Público

En la nota se denuncia a una Fiscal del Ministerio Publico, por el archivo de una querella penal por los delitos de calumnia e injuria contra CACSA, sin realizar las investigaciones pertinentes y sin valorar las pruebas aportadas que claramente justifican la existencia de un hecho punible.

También se pide en este caso, que se verifique o no la existencia de la nota No. 026-JUVI.2019 y se asegura que de verificarse se estaría en la figura de un delito financiero tal como lo señala el artículo 243 del Código Penal.

……..(Quien en beneficio propio o de un tercero, se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros o que se le hayan confiado, o realice esas conductas a través de manipulación informática, fraudulenta y de medios tecnológicos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. La sanción será de 6 a 8 años de prisión, cuando el hecho punible es cometido por un empleado, trabajador, directivo, dignatario, administrador y representante legal de la entidad o empresa, aprovechándose de su posición)…….

En la denuncia se indica, que se estaría ante la supuesta presencia del uso indebido del dinero de una cooperativa que capta recursos con dinero público y de asociados. Más adelante la denuncia menciona que “Resulta sospechoso que la firma entre a gestionar ante la Corte Suprema de justicia, un caso que ya está en estado de admisión del recurso de casación. Ningún abogado puede gestionar ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la admisibilidad de un recurso de casación y de hacerlo, se estaría ante la figura de un tráfico de influencias y máxime que se vincula a un Magistrado de la Corte Suprema a la mencionada firma contratada”.

Pagos de 200 y 300 mil

Lo más increíble dentro de la denuncia es que estarían pidiendo al Ministerio Publico se investigue un facsímil de una nota de la mencionada firma legal, que estaría dando un pago de B/ 300,000 a la fecha de la resolución que admite el recurso de casación (trescientos mil) y un último pago de B/ 1,000,000 ( Un millón), si la resolución de la Corte Suprema de Justicia, casa la sentencia de segunda instancia.

En la denuncia se cita textualmente: “¿Qué gestión va a realizar la citada firma contratada para agilizar y supuestamente influir en la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?”

El reclamo de varias fojas indica textualmente mas adelante “Todos estos hechos demuestran que nos encontraríamos ante la comisión de una multiplicidad de delitos, en donde se mencionan a Magistrados de la Corte Suprema, Fiscales de Chiriquí, Firmas de abogado y miembros de la Junta Directiva de una entidad financiera; por lo que de corroborarse estos hechos punibles, se estaría ante lo que señala el artículo 329 del Código Judicial en la figura de asociación ilícita para delinquir.

Ya la Junta de Vigilancia, habría advertido a Junta Directiva de CACSA, que al contratar a la firma, Se estaría actuando al margen de la ley. La situación es más grave cuando se dice en la denuncia que ya está presentada ante el Ministerio Publico, que la firma de abogados ya supuestamente habría cobrado los primeros B/ 200.000 (doscientos mil) sin haber presentado poder ante la Corte Suprema de Justicia y se habla de B/ 300.000 (trescientos mil) sin haber presentado o sustentado algún recurso ante la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Se pide ubicar nota

En la denuncia se solicita inspección judicial para ubicar en los archivos de CACSA la nota No.026-JUVI 2019 de la Junta de Vigilancia y así mismo el recibo de dicha nota en los recibos de la Junta de Directores con fecha del 10 de junio del 2019.

Se pide también ubicar los registros físicos de la firma de abogados contratada y dirigida al señor Serafín González Galastica. Ubicar el libro del acta de la Junta de directores y de la Junta de Vigilancia, el Acta de la Reunión extraordinaria celebrada el 6 de junio del 2019 y la del 9 de junio del mismo mes y que se mencionan en la nota No 026-JUVI-2019.

De igual manera el acta de la Junta de directores de febrero del 2019 y donde se acredita que se debía aprobar un pago para la “agilización” del fallo en la Corte Suprema. Se pide ubicar los libros financieros de CACSA, análisis de cajas, chequeras, libros contables y determinar si se han efectuado pagos de B 200,000 y B/ 300,000 a la citada firma.

Actualmente a CACSA, se le mantiene pignorados más de 6 millones de dólares en el proceso que se le interpuso por los esposos Muñoz Rudas. Un secuestro de propiedades de la citada entidad fue levantado tras el pago de una fianza por parte de una aseguradora. En su momento CACSA negó que tales secuestros se hubieran realizado.

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