El Nuevo Herald: Cómo los regímenes de Chávez y Maduro recibieron millones en sobornos de Odebrecht

NORA GÁMEZ TORRES, KEVIN G. HALL, Y JOSEPH POLISZUK
El Nuevo Herald

El presidente venezolano Hugo Chávez prometió en 2007 que la línea cinco del Metro de Caracas estaría terminada en cinco años. Pero tras obtener del gobierno chavista miles de millones en financiamiento, para 2015, la empresa brasileña Odebrecht apenas había terminado una de las 9 estaciones.

Para asegurar éste y otros lucrativos negocios, Odebrecht pagó al menos $142 millones en sobornos relacionados con proyectos de construcción en Venezuela, indican documentos internos inéditos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y revisados por el Nuevo Herald, McClatchy y Armando Info.

Al menos $92 millones fueron a parar a varias cuentas bancarias de una compañía offshore cuyo beneficiario, Leopoldo Briceño Punceles, es un venezolano con propiedades y compañías en Miami.

“Si el dinero sucio de Odebrecht se abrió camino desde Venezuela a Miami a través de compañías fantasma, esto debe investigarse de inmediato”, dijo Marco Rubio, senador federal republicano por la Florida, en un comunicado enviado a el Nuevo Herald.

El ICIJ, junto a más de 50 periodistas de medios de comunicación de Estados Unidos y América Latina, revisaron durante meses correos electrónicos, facturas de pagos, hojas de cálculo en Excel y registros de los documentos que estaban en Drousys, un sistema secreto creado específicamente por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para comunicaciones relacionadas con pagos no declarados y sobornos.

Los documentos ilustran la rampante corrupción en la cúpula del gobierno en Venezuela e identifican a algunos de los actores más importantes detrás del telón.

“El pago de sobornos se ha convertido en la norma en Venezuela”, dijo el abogado José Amalio Graterol. “Este tipo de operaciones son prácticas absolutamente comunes. La gran mayoría de entes públicos hoy operan bajo este tipo de prácticas, donde tenemos empleados encargados de emitir pagos por millones de dólares que sólo ganan unos 10 dólares al mes, y que disfrutan de altos niveles de vida en medio de la ruina y la pobreza creada por la propia corrupción”.

El pago de sobornos para la obtención de contratos, descubierto originalmente en 2016 por una investigación en Brasil del caso conocido como Lava Jato, es uno de los mayores escándalos en América Latina en los últimos años. El desenlace más dramático hasta ahora ha sido la muerte del ex presidente peruano Alan García, quien atentó contra su vida para evitar ir a la cárcel.

Durante las investigaciones en Brasil y Estados Unidos de las actividades ilícitas de la compañía, los principales ejecutivos del conglomerado admitieron haber creado la División de Operaciones Estructuradas para pagar sobornos fuera del sistema de contabilidad oficial de la empresa. La División generaba el financiamiento para estos pagos a través de una serie de subterfugios, como el sobregiro de gastos atribuidos como legítimos a proveedores de servicios y subcontratistas, pero que no aparecían en el presupuesto de los proyectos.

Muchos de estos pagos fueron sobornos a políticos y funcionarios de Brasil y otros países con la intención de obtener ventajas en la adjudicación de contratos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó que entre 2001 y 2016 Odebrecht pagó cerca de $788 millones en sobornos vinculados a más de 100 proyectos en 12 países, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.

En el caso de Venezuela, donde Odebrecht reconoció haber pagado sólo $98 millones en sobornos, la información en el sistema Drousys indica que la cifra es mayor y ronda al menos los $142 millones pagados entre el 2011 y 2014, relacionados con proyectos que no llegaron a completarse durante los gobiernos del Chávez y Nicolás Maduro. Los documentos obtenidos están incompletos y no incluyen todos los años en que Odebrecht estuvo operando en Venezuela, por lo que es probable que la cifra sea incluso mayor.

Aunque es probable que el dinero hubiera llegado hasta los líderes del chavismo, el rastro más visible de los sobornos conduce hasta el actual diputado Haiman El Troudi, quien fuera ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas entre 2013 y 2015. Anteriormente, El Troudi presidió el Metro de Caracas entre 2010 y 2015 y el Metro de Los Teques entre 2010 y 2014.

Aunque los nexos de El Troudi con Odebrecht trascendieron hace dos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado tapar el escándalo y los fiscales que intentaron imputar a familiares del ex ministro viven ahora en el exilio. Pero los documentos secretos en Drousys no dejan dudas de que Odebrecht pagó sobornos millonarios relacionados con los proyectos supervisados por El Troudi y a compañías asociadas con personas de su círculo más cercano.

En los casos legales en Brasil y Estados Unidos, los ejecutivos de Odebrecht declararon que la División de Operaciones Estructuradas manejaba decenas de compañías offshore que no aparecían oficialmente vinculadas con la empresa, a través de las cuales canalizaba los pagos, de modo que el origen del dinero fuera difícil de establecer. La División usaba testaferros para esas compañías a cambio de comisiones. En Venezuela, la compañía parece haber usado el mismo procedimiento.

De Caracas a Doral

Leopoldo José Briceño Punceles es el beneficiario de Cresswell Overseas S.A., una sociedad registrada en Panamá creada en 2012 y que sigue activa. Poco se sabe de este hombre, que mantiene una presencia discreta en las redes sociales. Registros públicos muestran que Briceño Punceles aparece como agente registrado de al menos tres compañías en el sur de la Florida: una de compraventa de propiedades, un negocio de fotografía y un restaurante en Doral, ciudad que ha crecido impulsada por la emigración venezolana.

Según las transacciones archivadas en el sistema Drousys, entre 2012 y 2014, Cresswell Overseas recibió al menos $92 millones en transferencias de Odebrecht relacionadas con la ampliación del Metro de Caracas, el Cabletren Petareño, y el Metro de Guarenas-Guatire, todas obras inconclusas pese a los millones gastados.

Mientras tanto, entre 2013 y 2015, Briceño Punceles adquirió discretamente tres condominios en Miami por un poco más de $1 millón. En 2018, adquirió una cuarta propiedad, para un total de $1.2 millones invertidos en propiedades en el sur de la Florida.

La mayor parte de los pagos realizados a Cresswell Overseas están relacionados con la línea cinco del Metro de Caracas. Los recibos de las transacciones incluyen el monto y la fecha, así como información sobre la ruta del dinero y el misterioso nombre en clave “Camelo”. En todos los casos, la División se tomó el trabajo de hacer los pagos a través de otras compañías fantasma creadas para este fin.

La fiscalía brasileña obtuvo copias de algunos de estos contratos ficticios que la División de Operaciones Estructuradas disfrazó como supuestas labores de asesoría y otros servicios entre varias compañías offshore, incluidas Cresswell Overseas, Kleinfeld Services Ltd, Fincastle, Alfa International Corporation e Innovation Research Engineering and Development LTD, entre otras.

Varios recibos de los pagos entre estas empresas los identifican como pagos por asesoría. En una sola transacción de diciembre del 2014, la cuenta de Cresswell Overseas en el Meinl Bank, un banco en Antigua y Barbuda adquirido por Odebrecht para facilitar los pagos ilegales, recibió $2 millones por concepto de “contrato con Fincastle”, una de las compañías fantasma de Odebrecht. Entre junio y octubre de 2013, Cresswell Overseas había recibido cerca de $13.8 millones en una cuenta en el Banco Espirito Santo, en Madeira, Portugal. Y entre septiembre y diciembre de 2012, Cresswell Overseas recibió cerca de $34 millones en nueve transferencias de Kleinfeld Services Ltd., otra de las compañías ofsshore de Odebrecht, según consta en los estados de cuenta en el Meinl Bank.

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